El uso indiscriminado de mercurio en actividades de minería ilegal en el distrito de Alto Nanay, Loreto, ha provocado que más de un centenar de habitantes, incluidos niños, presenten altos niveles de este metal en la sangre. La situación pone en riesgo la salud pública y la biodiversidad de la Amazonía, mientras las autoridades luchan contra el avance del crimen organizado en la zona.
La alarmante expansión de la minería ilegal en la Amazonía peruana ha llegado a un punto crítico. En el distrito de Alto Nanay, región Loreto, más de 100 personas han sido diagnosticadas con niveles elevados de mercurio en la sangre, una consecuencia directa del uso de esta sustancia tóxica en actividades mineras ilegales que se desarrollan sin ningún control ambiental ni sanitario.
Según datos recogidos por las autoridades sanitarias y organizaciones como el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), en esta zona se han identificado al menos 120 infraestructuras mineras ilegales a lo largo del río Nanay. Estas operaciones utilizan mercurio para separar el oro del sedimento, liberándolo al agua y al aire. El resultado: contaminación directa de los ríos que abastecen de agua a las comunidades locales y daños severos a la salud humana.
El mercurio es un metal altamente tóxico que puede generar graves afectaciones al sistema nervioso, especialmente en niños pequeños y fetos en gestación. También puede producir daños renales, cardiovasculares y deterioro cognitivo. Las autoridades han confirmado la presencia de síntomas asociados a la intoxicación por mercurio en varios habitantes de la zona.
Uno de los casos más preocupantes fue revelado por Rumbo Minero, medio especializado que reportó testimonios de comuneros cuyas familias ,en su mayoría dedicadas a la pesca y agricultura de subsistencia, están directamente afectadas por la exposición continua al mercurio. Los líderes de Alto Nanay han alertado además sobre amenazas recibidas por quienes se oponen a la actividad minera ilegal, muchas veces respaldada por mafias armadas que controlan los territorios ribereños.
La situación se agrava porque las operaciones ilegales están invadiendo zonas protegidas y cabeceras de cuenca, amenazando la biodiversidad única de la Amazonía. Estas actividades, al desarrollarse sin ningún tipo de regulación, también generan deforestación acelerada, erosión de suelos y pérdida de especies.
En respuesta, tanto líderes indígenas como organizaciones ambientales han exigido al Estado medidas urgentes y concretas. Entre las principales demandas están:
- La prohibición de concesiones mineras en ríos amazónicos.
- La creación de una comisión intersectorial permanente para Alto Nanay.
- El fortalecimiento de la vigilancia comunitaria, con respaldo institucional.
- Campañas de salud y monitoreo permanente en las comunidades expuestas.
Sin embargo, la respuesta del gobierno ha sido, hasta ahora, insuficiente. A pesar de los operativos esporádicos, las mafias mineras continúan operando con impunidad, en muchos casos protegidas por redes de corrupción local. Además, se reporta escasez de presupuesto y falta de coordinación interinstitucional.
Esta crisis no solo pone en peligro la vida de cientos de personas, sino también el equilibrio ecológico de una de las zonas más biodiversas del mundo. La situación de Alto Nanay es un claro ejemplo del costo humano y ambiental de la minería ilegal, y plantea un reto urgente para el Estado peruano y la sociedad civil.
