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Congreso pone pausa proyecto que permitiría al Banco de la Nación operar en el mercado aurífero

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El Congreso de la República ha puesto en suspenso un proyecto de ley que podría redefinir el rol del Banco de la Nación en la economía peruana, permitiéndole incursionar en la compra, venta y exportación de oro y otros metales preciosos. Esta iniciativa, impulsada por el congresista Jorge Montoya, ha generado un debate crucial sobre las implicaciones de esta potencial expansión de las funciones del banco estatal.

La Comisión de Economía del Congreso decidió enviar el proyecto de ley 8491 a un «cuarto intermedio» para su revisión exhaustiva, tras recibir objeciones sobre la solidez técnica y los posibles riesgos financieros asociados. Si bien la propuesta busca fortalecer la lucha contra la minería ilegal y facilitar la formalización de la actividad minera artesanal, persisten interrogantes sobre la preparación del Banco de la Nación para asumir estas nuevas responsabilidades. De hecho, la propia entidad bancaria ha manifestado carecer del personal especializado necesario para llevar a cabo estas operaciones, y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) ha alertado sobre los riesgos que esto podría acarrear para su estabilidad financiera.

Adicionalmente, instituciones técnicas como el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) han manifestado su desacuerdo con la propuesta, argumentando que carece de un adecuado respaldo técnico y legal. Los críticos advierten que involucrar al Banco de la Nación en el mercado del oro podría exponerlo a peligros innecesarios y poner en riesgo su solvencia.

En definitiva, el destino del proyecto de ley que busca convertir al Banco de la Nación en un actor relevante en el mercado del oro se encuentra en un punto de inflexión. A pesar de que la iniciativa tiene como propósito combatir la minería ilegal y promover la formalización del sector, las dudas sobre su viabilidad técnica y los potenciales riesgos financieros han conducido a su postergación temporal. El Congreso deberá analizar minuciosamente los argumentos a favor y en contra antes de tomar una determinación definitiva.

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