El Ministerio de Energía y Minas confirmó la existencia de operaciones informales de extracción de cobre en áreas otorgadas a concesiones mineras formales, alertando sobre una situación que hasta ahora era poco visibilizada. Esta nueva dimensión de la informalidad minera complica aún más el panorama del sector y acelera la urgencia de establecer una política integral de formalización.
Por primera vez, el Gobierno del Perú, a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem), ha reconocido oficialmente el avance sostenido de la minería informal de cobre en diversas regiones del país, un fenómeno que se suma al ya complejo panorama de informalidad minera dominado históricamente por la extracción de oro.
El titular del Minem, Jorge Montero, informó que una de las principales zonas donde se ha detectado esta problemática es en la comunidad de Pamputa, ubicada en la región de Apurímac, donde se calcula una producción anual de 30,000 toneladas métricas de cobre, lo que representa un valor aproximado de US$ 300 millones en el mercado internacional. Esta operación no cuenta con autorización formal y se desarrolla dentro del ámbito de concesiones otorgadas legalmente a la minera MMG Ltd., responsable del megaproyecto Las Bambas.
Montero advirtió que este caso representa la mayor operación informal de cobre identificada hasta la fecha en el país y que no se trata de una situación aislada. También se han reportado invasiones a concesiones y zonas de exploración de otras compañías como Southern Copper Corp., First Quantum Minerals Ltd. y Teck Resources Ltd., lo que pone en evidencia un patrón creciente de informalidad en torno a este mineral estratégico.
«El auge del precio internacional del cobre está atrayendo cada vez más operaciones informales. Esto representa un nuevo reto en la lucha contra la minería ilegal y en el ordenamiento del territorio», señaló el ministro.
El Minem considera que parte del problema radica en la superposición de derechos, es decir, en los conflictos entre los títulos de concesión minera formal y los derechos comunales o de propiedad de las poblaciones locales. Esta situación dificulta la fiscalización, abre brechas legales y alimenta tensiones sociales que, en ocasiones, derivan en enfrentamientos o paralizaciones.
Ante este escenario, el Ejecutivo anunció que implementará un conjunto de medidas orientadas a reforzar el control, la fiscalización y la formalización del sector minero artesanal y de pequeña escala. Una de las principales propuestas es la creación de un «fondo minero» que facilite acceso a financiamiento formal a mineros informales en proceso de regularización, con tasas preferenciales, capacitación técnica y mecanismos de comercialización seguros y trazables.
Adicionalmente, el ministro Montero planteó la formación de una mesa de trabajo nacional que reúna a representantes del Ejecutivo, Legislativo, especialistas técnicos, organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala, así como a comunidades de las zonas de influencia minera. El objetivo es desarrollar una política integral de formalización, capaz de incorporar a los pequeños productores al sistema legal y prevenir la expansión de la minería ilegal.
El Perú, tercer mayor productor mundial de cobre, depende en gran medida de la minería para su desarrollo económico. Sin embargo, la expansión de la informalidad hacia este mineral clave podría poner en riesgo la sostenibilidad de la industria, la recaudación fiscal, la inversión extranjera y la gobernabilidad en zonas altoandinas.
