El Alto Comisionado para la Formalización de la Minería anunció en Arequipa una estrategia nacional que busca erradicar la minería ilegal e informal, con acciones concretas en prevención, control y formalización, en coordinación con autoridades regionales y locales.
En un esfuerzo por frenar el avance de la minería informal e ilegal en el país, el Alto Comisionado para la Formalización de la Minería, Alberto Rojas, presentó en la ciudad de Arequipa el Plan Integral contra la Minería Informal e Ilegal, una estrategia que se ejecutará a nivel nacional, iniciando en las regiones más afectadas, siendo Arequipa una de las prioritarias.
Durante la reunión con autoridades regionales, locales y representantes de la sociedad civil, Rojas explicó que este plan busca atacar de manera articulada una problemática que ha generado graves impactos ambientales, sociales y económicos en el sur del país. En particular, zonas como Caravelí, Castilla y Caylloma han sido señaladas como focos críticos de minería ilegal, afectando ecosistemas frágiles, provocando conflictos sociales y generando ingresos para redes criminales.
“No se puede hablar de desarrollo si seguimos permitiendo que la minería ilegal destruya nuestro territorio y vulnere derechos humanos. Este plan marca el inicio de una lucha seria, estructurada y con visión de futuro”, afirmó el Alto Comisionado.
La participación de gobiernos regionales y locales es un pilar fundamental del plan. En ese sentido, se promoverá la creación de comités multisectoriales de acción rápida en cada provincia afectada, que servirán como espacios de coordinación y respuesta inmediata.
La gobernadora regional de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez, expresó su respaldo al plan y destacó la necesidad de implementar soluciones sostenibles.
“La minería debe ser una oportunidad de desarrollo, no una fuente de destrucción. Con este plan, Arequipa da un paso adelante en la defensa de su territorio”, sostuvo.
La implementación del plan será monitoreada por una comisión técnica nacional, que evaluará el impacto de las acciones y ajustará las estrategias en función de los resultados. Se espera que en los próximos seis meses se logren avances significativos en la reducción de actividades ilegales, aumento de mineros formalizados y restauración ambiental en zonas intervenidas.
El Alto Comisionado finalizó su intervención haciendo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades a sumar esfuerzos para erradicar esta actividad ilícita que perjudica el futuro de las comunidades.
“La minería ilegal no es solo un problema económico. Es un atentado contra la vida, la salud, el medio ambiente y la justicia social. Con unidad, podemos hacerle frente”, concluyó Rojas.
