La vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Diana Gonzales, calificó el predictamen de la nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) como un “Reinfo recargado” que promueve la informalidad y elimina la trazabilidad en el sector.
En una sesión reciente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, la congresista Diana Gonzales quien ocupa la vicepresidencia de dicha comisión expresó su rechazo frontal al predictamen de la nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), al que calificó como un “Reinfo recargado” que podría agravar los problemas de informalidad e ilegalidad en el sector minero nacional.
Durante su intervención, Gonzales sostuvo que el texto presentado no plantea una verdadera solución al problema de la minería informal, sino que representa una legalización encubierta de actividades mineras ilegales. “Este predictamen desvirtúa los principios de formalización y trazabilidad. Es un Reinfo recargado que institucionaliza la minería ilegal”, enfatizó.
Uno de los puntos más críticos que señaló la parlamentaria fue la eliminación de la trazabilidad en la cadena de suministro del oro. Esta trazabilidad —explicó— es fundamental para garantizar que el mineral comercializado provenga de operaciones legales y cumpla con estándares ambientales y laborales. Según Gonzales, sin este control, se abriría la puerta a la comercialización de oro ilegal bajo apariencia legal, con graves consecuencias para el país en materia de crimen organizado, deforestación y lavado de activos.
Asimismo, cuestionó que el predictamen mantenga una lógica similar al antiguo Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que ha sido ampliamente criticado por haber servido como refugio para operaciones ilegales sin fiscalización efectiva.
“Estamos promoviendo una norma que permite que cualquiera se inscriba sin cumplir requisitos claros, sin cumplir con zonificación, sin respetar las reglas ambientales ni sociales. Eso no es formalización, eso es complicidad con la minería ilegal”, afirmó Gonzales con firmeza.
Frente a este panorama, la congresista exhortó a la Comisión de Energía y Minas a replantear el proyecto de ley desde un enfoque técnico, responsable y alineado con la verdadera necesidad de formalizar a los pequeños mineros que operan dentro del marco legal y ambientalmente sostenible.
La Ley MAPE es una propuesta legislativa que busca establecer un nuevo marco para la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala en el país. Esta actividad representa una fuente de ingresos para miles de familias, especialmente en regiones como Madre de Dios, Puno, Arequipa y La Libertad. Sin embargo, también ha estado ligada a problemas graves como la deforestación, contaminación por mercurio, trata de personas y evasión fiscal.
Organismos técnicos, ONG ambientales y gremios mineros formales han expresado preocupación ante la posibilidad de que esta nueva ley, si no se estructura adecuadamente, termine siendo un retroceso en la lucha contra la minería ilegal.
La discusión legislativa continuará en las próximas semanas, y se espera que la propuesta reciba aportes técnicos adicionales antes de ser sometida al Pleno del Congreso.
