El Ministerio del Ambiente (Minam) ha anunciado la próxima instalación de una oficina descentralizada del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en Quinistaquillas, distrito ubicado en la región de Moquegua. Esta medida tiene como objetivo asegurar la participación ciudadana en la supervisión de las actividades relacionadas con el cierre de operaciones de la minera Aruntani, así como fortalecer las acciones de fiscalización ambiental en la zona.
El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, hizo el anuncio durante una conferencia de prensa posterior a la sesión del Consejo de Ministros. Explicó que la instalación de esta oficina es parte de los esfuerzos del Gobierno para abordar la problemática ambiental en la cuenca del río Coralaque, que recientemente ha mostrado un cambio preocupante en la coloración de sus aguas.
En respuesta a esta situación, el ministro informó que se declarará el estado de emergencia en la cuenca del río Coralaque y del Tambo. Actualmente, se están elaborando informes técnicos por parte del Ministerio de Energía y Minas, la Autoridad Nacional del Agua y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Se espera que la próxima semana se avance con los procedimientos necesarios para la aprobación y promulgación de la normativa correspondiente.
«Esta declaratoria de emergencia no solo permitirá una respuesta más efectiva a la problemática ambiental, sino que también facilitará la provisión de ayuda humanitaria a la población, especialmente en el distrito de Quinistaquillas», afirmó Castro.
Además, se anunció que el Decreto Supremo de emergencia posibilitará la asignación de recursos para el cierre de operaciones de la minera Aruntani y la remediación de la cuenca del Coralaque. El ministro adelantó que el Ministerio de Energía y Minas iniciará acciones legales contra la empresa Aruntani por graves impactos ambientales.
Durante la conferencia, Castro destacó las coordinaciones continuas con los gobiernos regionales de Moquegua y Arequipa, así como con los alcaldes provinciales de Sánchez Cerro y de Islay, y los alcaldes distritales de esas provincias. Estas acciones buscan una respuesta integral y coordinada ante la emergencia ambiental en la región.
