La reciente suspensión de toda actividad minera en Pataz, tras los trágicos sucesos que enlutaron la región, ha generado debate en el sector. La Asociación de Empresas Contratistas Mineras del Perú (Acomipe) ha expresado su preocupación ante una medida que, si bien busca garantizar la seguridad, podría afectar a las compañías que operan dentro del marco legal.
El gremio minero, que agrupa a empresas contratistas, ha manifestado su rechazo a la violencia desmedida en la zona y ha solicitado al gobierno central y a las autoridades pertinentes la implementación de acciones concretas que eviten la pérdida de más vidas y que garanticen la tranquilidad social en las áreas de influencia minera.
Según Carlos Bernal, presidente de Acomipe, suspender la actividad de las empresas formales mientras estas no hayan infringido la ley, podría interpretarse como una abdicación del Estado de su responsabilidad de brindar las garantías necesarias para el desarrollo de actividades empresariales lícitas.
La situación en Pataz plantea un complejo desafío que requiere un enfoque integral. La prioridad debe ser la seguridad de los trabajadores y la erradicación de la minería ilegal, pero sin afectar injustamente a las empresas que cumplen con la ley y contribuyen al desarrollo económico y social de la región.
