El Tribunal Constitucional (TC) desestimó la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la ley que extiende la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), aunque advirtió al Estado sobre los peligros de utilizar este mecanismo para evadir sanciones por delitos ambientales.
La demanda de inconstitucionalidad, interpuesta por el Colegio de Abogados de Loreto, cuestionaba la validez de los artículos 1 y 2 de la ley que prorroga el REINFO. No obstante, el Pleno del Tribunal Constitucional, por mayoría, declaró improcedente la acción legal, permitiendo que la prórroga continúe vigente. Pese a esta decisión, el TC fue enfático al señalar que los poderes del Estado no pueden seguir aprobando leyes que utilicen el proceso de formalización minera para eximir de responsabilidad penal a quienes cometen delitos contra el medio ambiente.
El Tribunal Constitucional argumentó que “no resulta constitucionalmente amparable que se regule un marco de exención penal, referido a los delitos ambientales, en ningún proceso de formalización minera, ni en ninguna prórroga del régimen transitorio, ni en ninguna política pública que regule dicha actividad de manera permanente”. En este sentido, recordó que el Estado tiene el deber de garantizar el derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la persona, un mandato constitucional que no puede ser soslayado en aras de la formalización minera.
En esa línea, el TC instó al Congreso y al Poder Ejecutivo a elaborar un plan programado hacia un nuevo sistema, orientado a la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), que considere las perspectivas de los mineros, los concesionarios y las comunidades locales. Además, alertó sobre los escasos avances en la formalización de la MAPE y advirtió que, si no se abordan adecuadamente los problemas asociados a esta actividad, se podrían agravar los impactos negativos en las poblaciones más vulnerables y reducir los ingresos fiscales que el gobierno debe percibir.
La decisión del Tribunal Constitucional, si bien permite que la prórroga del REINFO siga vigente, envía un mensaje claro al Estado sobre la necesidad de replantear la estrategia de formalización minera, priorizando la protección del medio ambiente y el cumplimiento de la ley. La formalización no puede ser sinónimo de impunidad, sino un proceso transparente y responsable que beneficie a todos los actores involucrados y contribuya al desarrollo sostenible del país.
