El gobierno chileno ha dado un paso significativo para impulsar la industria del litio en el país, al acoger a trámite solicitudes para el desarrollo de proyectos en tres salares con participación de empresas privadas, en un contexto donde el estado busca aumentar su control en la explotación de este mineral estratégico.
El Ministerio de Minería chileno informó que ha admitido a trámite las solicitudes presentadas por la empresa Eramet para el salar Agua Amarga; por Eramet, Quiborax y Codelco para el salar Ascotán; y por el consorcio Caliche Kairós (inversiones Kairós y Cosayach Caliche) para el salar Coipasa. Esta decisión representa un avance importante en la estrategia del gobierno de Gabriel Boric para impulsar la producción de litio de manera sostenible y con mayor participación del Estado.
Según el Ministerio de Minería, una vez concluidas las consultas indígenas en curso y definido el marco legal para los Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL), se procederá a la firma de los contratos con las empresas solicitantes, siempre y cuando se llegue a un acuerdo. En caso contrario, se iniciará un proceso de licitación pública para la adjudicación de los proyectos, como ya se está haciendo en los salares de Ollagüe, Piedra Parada y Laguna Verde.
Para acceder a este proceso simplificado, las empresas debían acreditar la propiedad de concesiones mineras que representen al menos el 80% del área solicitada, así como demostrar experiencia en el sector minero y capacidad financiera. El gobierno chileno busca asegurar que las empresas que participen en la explotación del litio cuenten con la solvencia técnica y económica necesaria para llevar a cabo proyectos de gran envergadura de manera responsable y sostenible.
La agilización de los permisos para la exploración de litio en estos tres salares representa una oportunidad para Chile de consolidar su posición como uno de los principales productores de este mineral a nivel mundial. Sin embargo, el éxito de esta estrategia dependerá de la capacidad del gobierno para equilibrar la inversión privada con la protección de los intereses del Estado y el respeto a los derechos de las comunidades indígenas.
