El Congreso evalúa modificar el esquema impositivo de la minería, mientras expertos advierten que el problema no es la recaudación, sino la capacidad del Estado para ejecutar el presupuesto de inversión.
Esta semana, el Grupo Parlamentario Bancada Socialista presentó el Proyecto de Ley N.º10479/2024, que plantea cambios en la Ley de Regalía Minera y en el Impuesto Especial a la Minería (IEM). La minería representa una de las principales fuentes de ingresos fiscales en el Perú.
Además del Impuesto a la Renta, el sector está gravado con la Regalía Minera, el IEM y el Gravamen Especial a la Minería (GEM), este último aplicado a empresas que firmaron convenios para contribuir voluntariamente bajo un esquema similar al IEM. Estos tributos se calculan en función de la utilidad operativa de las compañías mineras.
El actual sistema tributario fue implementado en 2011 mediante el trabajo conjunto de especialistas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y representantes del sector privado, incluyendo la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Desde su creación, este esquema ha generado ingresos importantes para el Estado, especialmente en contextos de altos precios de los minerales. Solo en 2024, la minería aportó S/18,383 millones al fisco, lo que representó un incremento del 14.1% respecto al año anterior.
El objetivo del nuevo proyecto de ley es incrementar los recursos públicos y mejorar la atención del gasto estatal. No obstante, diversas voces advierten que los problemas en la ejecución del gasto no responden únicamente a la disponibilidad de recursos, sino también a deficiencias en la gestión pública, particularmente en los niveles subnacionales.
En 2024, el presupuesto institucional para inversión pública ascendió a S/70,984 millones. De ese total, entre enero y noviembre se ejecutaron S/46,839 millones, lo que representa el 66%. El gobierno nacional logró ejecutar el 75.3% de su presupuesto, mientras que los gobiernos regionales alcanzaron un 70.5% y los locales un 55%.
Expertos sostienen que, sin mejoras en la capacidad de gestión y administración de proyectos, un aumento en la recaudación minera no se traducirá necesariamente en mayores beneficios para la población. En ese sentido, recomiendan enfocar los esfuerzos en fortalecer las instituciones responsables de ejecutar los recursos públicos.
