Millones de peruanos aún dependen de combustibles contaminantes por falta de acceso a energía moderna. Expertos destacan la urgencia de usar eficientemente los recursos del país, como el GLP de Camisea, para enfrentar esta crisis social y de salud pública.
En el Perú, alrededor de 1.7 millones de hogares enfrentan pobreza energética, una realidad que afecta sobre todo a comunidades rurales de la sierra y selva. En estas zonas, más del 70% de la población aún depende de leña y carbón para cocinar o calefaccionarse, lo cual no solo es ineficiente y contaminante, sino que representa un grave problema de salud pública.
Aunque existen alternativas modernas, la falta de infraestructura y políticas efectivas limita su alcance. Uno de los recursos con alto potencial es el gas licuado de petróleo (GLP) producido en Camisea, el yacimiento de gas natural ubicado en Cusco.
Según Arturo Vásquez, director de investigación de Gerens, “el GLP es la mejor opción, o al menos una alternativa real y viable”, para las zonas a donde el gas natural no puede llegar. Durante su participación en PERÚ ENERGÍA Sur Arequipa, explicó que el 70% del GLP que se consume en el país proviene de Camisea y que su portabilidad lo convierte en un reemplazo eficaz de los combustibles sólidos.
“Debemos utilizar todos los combustibles de la mejor manera y no focalizarnos en un solo producto para que lleguen a la población más vulnerable”, afirmó.
Para José Mantilla, consultor en hidrocarburos y expresidente de Perupetro, la pobreza energética no es solo la falta de energía, sino la imposibilidad de acceder a servicios energéticos seguros, no contaminantes y de calidad. En ese sentido, lamentó la falta de enfoque estructural:
“En el Perú aún no entendemos que los friajes no se combaten con frazaditas”, comentó.
Un Estado ausente y una industria desatendida
Carlos Gonzales, gerente general de Enerconsult, fue aún más crítico al señalar que el sector hidrocarburos ha sido abandonado durante años, sin una presencia estatal efectiva en las zonas más alejadas del país, muchas de las cuales coinciden con las áreas de explotación petrolera.
“Los privados han tenido que inventar mecanismos como los fondos sociales para ejecutar labores y obras relacionadas con los servicios básicos”, recordó, refiriéndose a los fideicomisos creados por las empresas para compensar la falta de inversión pública.
Para Gonzales, la falta de modernización normativa y las altas tasas de regalías han afectado la competitividad del país frente a naciones como Brasil, Uruguay o Nicaragua, que ofrecen condiciones más atractivas para la inversión.
En este escenario, el uso estratégico del GLP y una reforma profunda de las políticas energéticas se vuelven urgentes si se quiere reducir la brecha de acceso y avanzar hacia una verdadera equidad energética.
