La presidenta Dina Boluarte advirtió que los recientes atentados en La Libertad no quedarán impunes y reafirmó su compromiso de erradicar la minería ilegal en el país.
La violencia generada por mineros ilegales en la provincia de Pataz, La Libertad, ha encendido las alarmas del Gobierno. La presidenta Dina Boluarte condenó enérgicamente los recientes ataques contra la minera Poderosa, que dejaron tres fallecidos y graves daños a la infraestructura eléctrica. En respuesta, el Ejecutivo ha dispuesto medidas de seguridad para contener la criminalidad en la zona y reiteró su llamado al Congreso para aprobar la ley de terrorismo urbano.
La jefa de Estado aseguró que los responsables de los atentados en Pataz «tendrán consecuencias», reafirmando que su Gobierno no permitirá que la minería ilegal continúe afectando el desarrollo económico del país. “Acá no hay espacio para la minería ilegal, que destruye nuestros bosques, contamina nuestros ríos y quiere perjudicar nuestra inversión. Actuaremos con determinación y contundencia contra estos criminales”, aseveró Boluarte.
El ataque, perpetrado en concesiones de la minera Poderosa, incluyó la demolición de una torre de alta tensión y el uso de gases contra trabajadores. Este acto ha sido calificado como una amenaza directa a la estabilidad del sector minero y ha intensificado la urgencia de reforzar las acciones de seguridad en la región.
Boluarte exhortó al Congreso a aprobar la ley de terrorismo urbano, argumentando que las bandas criminales que operan en el país representan una amenaza similar a la del terrorismo enfrentado en décadas pasadas. “Los peruanos ya derrotamos al terrorismo en el pasado, y de la misma manera venceremos a estas bandas de delincuentes cuya ideología es el dinero mal habido, el asesinato, la dinamita y las balas con las que buscan doblegar al Perú, pero no lo van a lograr”,enfatizó.
Por su parte, el alto comisionado para el combate de la minería ilegal, Rodolfo García, informó que el Gobierno ha dispuesto la activación de una división policial especializada en la zona y la creación de nuevos puestos de vigilancia para controlar el ingreso y salida de materiales y maquinarias.
El Ejecutivo busca así frenar la expansión de la minería ilegal y garantizar un entorno seguro para las inversiones mineras formales, asegurando que los recientes actos violentos no queden impunes.
