Funcionarios, alcaldes y sociedad civil acuerdan medidas urgentes para frenar el impacto ambiental de la minería en la región.
En una reunión clave realizada en la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Anda, funcionarios de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) Huánuco, alcaldes y representantes de la sociedad civil acordaron tomar medidas urgentes para detener el avance de la minería ilegal que está impactando gravemente el medio ambiente en la región del Alto Huallaga.
El encuentro, convocado por la Oficina Regional de Gestión de Conflictos y Diálogo del Gobierno Regional de Huánuco, contó con la presencia de Mercy Rosabel Calderón Rodríguez, directora de la DREM. La funcionaria reafirmó su compromiso con la minería responsable y anunció una fiscalización inmediata sobre las actividades de la empresa Minera Huallaga SAC en la zona.
Los alcaldes de Santo Domingo de Anda, Dennys Mayte Calixto Moreno, y de Pueblo Nuevo, Celestino Avalos Tucto, pidieron explicaciones sobre la efectividad de los operativos de control y exigieron respuestas sobre el tipo de actividades económicas que se están desarrollando en el área. Además, expresaron su preocupación por la falta de sanciones a las empresas responsables de daños ambientales.
Ante esto, Calderón Rodríguez reconoció que las inspecciones programadas no se ejecutaron debido a las lluvias, pero aseguró que la fiscalización comenzará el 15 de abril, invitando a las autoridades locales a sumarse al proceso.
Asimismo, se acordó incluir a instituciones como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) para fortalecer las acciones de control y protección ambiental.
Preocupación por la actividad de Minera Huallaga SAC
El alcalde de Pueblo Nuevo, Celestino Avalos, reveló que la empresa Minera Huallaga SAC notificó el 10 de marzo su intención de retomar operaciones en la zona. Expresó su inquietud por la falta de sanciones ante los daños ambientales previos y cuestionó si la empresa seguirá generando más impacto negativo sin consecuencias.
Los pobladores alertaron que, si la minera opera en la misma área donde ya se han registrado afectaciones, podría generarse un conflicto social. Especialmente preocupante es la captación de agua en la zona alta, de donde se abastecen muchas familias.
Además, dirigentes sociales de la provincia de Leoncio Prado reiteraron su rechazo a la actividad minera en la región. Recordaron que una ordenanza regional del 2019 declaró a la provincia como agrícola, turística y ecológica, dejando en claro que no permitirán concesiones mineras en su territorio.
Otras problemáticas ambientales
Durante la reunión también se abordaron otras amenazas al ecosistema del Alto Huallaga. La Administración Técnica Forestal y Fauna Silvestre, en conjunto con la policía, inmovilizó maquinaria utilizada para la deforestación de bosques primarios en el caserío Pavayacu. Estas acciones ilegales, destinadas a habilitar terrenos agrícolas sin autorización, han sido denunciadas ante el Ministerio Público para su respectiva investigación.
Asimismo, el 28 de marzo se reportó una alarmante mortandad de peces en un riachuelo que desemboca en el río Huallaga, en el caserío Bajo Cotomono. Se sospecha que la contaminación, agravada por la temporada de lluvias, fue la causa del desastre ambiental que amenaza la biodiversidad acuática y la seguridad alimentaria de las comunidades locales.
Panorama minero en la región
Actualmente, existen más de 200 concesiones mineras en la zona, incluyendo derechos mineros en distintos estados (titulados, petitorios y extinguidos). Además, 78 mineros están registrados en el Régimen de Formalización Minera (REINFO), con un promedio de 23 en operación activa.
Frente a este panorama, las autoridades locales y la sociedad civil han reafirmado su compromiso con la defensa del medio ambiente, exigiendo un control más estricto sobre las actividades extractivas en el Alto Huallaga.
