En el foro “Minería en el Perú: lecciones aprendidas, retos y oportunidades”, líderes del sector señalaron que la criminalidad, la minería ilegal y la violencia afectan gravemente tanto a las empresas como a las comunidades cercanas, impactando la economía nacional.
La situación de inseguridad que afecta a nuestra sociedad tiene un impacto directo en el sector minero. La delincuencia en esta industria genera efectos negativos tanto para las empresas como para las comunidades cercanas, así como para la economía nacional. Esta fue una de las principales conclusiones del foro titulado “Minería en el Perú: lecciones aprendidas, retos y oportunidades”, organizado por la Escuela de Posgrado GĚRENS.
En el evento participaron destacados líderes del sector, como Augusto Baertl, CEO de reconocidas empresas mineras; Daniel Hokama, exministro de Energía y Minas durante siete años; y Víctor Gobitz, CEO de Quilla Resources.
Baertl, durante su intervención, coincidió en que el país enfrenta una grave crisis. Si bien la macroeconomía está relativamente estable, la productividad sigue en estancamiento, y existe una notable pérdida de talento humano debido a la emigración de jóvenes profesionales.
“A diferencia de la década de los noventas hoy no sufrimos un terrorismo subversivo, pero actualmente sufrimos la ilegalidad y también criminalidad”, manifestó.
Detalló que el problema central es la criminalidad, que se manifiesta a través de extorsiones, actos violentos y sicariato en diversos sectores de la sociedad. En el caso de la minería, mencionó el ejemplo de Minera Poderosa, que enfrenta ataques constantes y un clima de terror generado por delincuentes, lo cual impacta negativamente en sus operaciones.
Recordó que el sector minero también fue afectado por el terrorismo en los años noventa, especialmente en la etapa de exploración minera, cuando viajar a zonas remotas, con alta presencia de grupos terroristas y la ausencia del Estado, representaba un gran peligro para los geólogos.
“Nuestro principal reto como país es derrotar la criminalidad. Tenemos muchos recursos que explotar pero no podremos hacerlo por el crimen. Debemos lograr que el Estado entienda y se comprometa con este problema. Los partidos deben buscar una alianza para combatir este flagelo”, subrayó.
El exministro Daniel Hokama, por su parte, afirmó que el terrorismo de los años noventa fue derrotado gracias a un Estado que decidió enfrentarlo con determinación. En ese sentido, destacó que “el Gobierno debe asumir el liderazgo para derrotar a este neo-terrorismo”.
Además, subrayó que, en la situación actual, no solo es crucial el liderazgo del Estado, sino que también es fundamental que el sector privado asuma su responsabilidad. En particular, resaltó el papel que deben jugar las instituciones de la sociedad civil y las universidades.
Por su parte, el ingeniero Gobitz expresó su inquietud por la falta de nuevos proyectos mineros emblemáticos, similares a Antamina, Cerro Verde y Quellaveco, en la actual cartera de proyectos. «Debemos dejar de pensar en otro Antamina. Ese hito se dio gracias, entre otras cosas, al alto contenido metálico del yacimiento. Hoy, las tecnologías permiten explotar minas de menores leyes”, explicó.
Para finalizar, destacó el caso de Cajamarca, una región con un alto potencial minero que requiere infraestructura compartida, como concentraductos, plantas, relaves y otros elementos, lo que permitiría hacer viables grandes proyectos cercanos, como Galeno, La Granja, Michiquillay, entre otros.
En resumen, la relación entre minería y criminalidad en Perú está marcada por la presencia de minería ilegal, la violencia asociada al control territorial de grupos criminales y el impacto del narcotráfico.
No obstante, la minería formal también enfrenta retos sociales y ambientales que deben ser abordados mediante políticas claras, transparentes y sostenibles, con el fin de reducir los riesgos de inseguridad y promover un desarrollo sostenible. Resolver estos problemas es una tarea que requiere el esfuerzo conjunto de todos.
