El Congreso busca prohibir la minería en la zona, mientras el Gobierno y la empresa defienden el proyecto.
El Gobierno ha confirmado la adjudicación del proyecto minero El Algarrobo a la Compañía de Minas Buenaventura, con una inversión estimada de 2,753 millones de dólares en Tambogrande, Piura. No obstante, desde el Congreso de la República se ha impulsado una iniciativa para prohibir la minería en esta área.
Recientemente, se presentó un proyecto de ley que busca declarar a Tambogrande como una zona exclusivamente agrícola e industrial, lo que implicaría la prohibición total de cualquier actividad minera. La propuesta será revisada en comisiones parlamentarias antes de su posible aprobación.
La congresista Margot Palacios, promotora de esta iniciativa, advierte que la explotación minera en la zona no cuenta con el respaldo de la comunidad. En febrero, se registraron manifestaciones en contra del proyecto ante la preocupación de que su desarrollo perjudique la agricultura local.
Los opositores señalan que la minería representa una amenaza para los recursos hídricos y la estabilidad económica de la región, que depende mayormente de la agricultura, según argumenta en el documento legislativo. La situación recuerda al conflicto minero ocurrido en 2002, cuando las protestas ciudadanas lograron frenar otra concesión similar.
Por otro lado, los representantes de El Algarrobo sostienen que el proyecto ha sido diseñado para responder a los desafíos que la minería ha enfrentado en Tambogrande, asegurando que su ejecución seguirá un enfoque distinto al de iniciativas anteriores.
Durante la firma del contrato de concesión, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) destacó que, antes de iniciar operaciones mineras, se dará prioridad a la construcción de infraestructura para asegurar fuentes de agua destinadas al consumo humano y a la producción agrícola.
Según el cronograma establecido, tras la firma del contrato, la iniciativa permanecerá en fase de suspensión por tres años mientras se busca alcanzar un consenso social. Durante este periodo, la empresa deberá negociar con la Comunidad Campesina Apóstol Juan Bautista de Locuto, dentro del área de influencia del proyecto, para el desarrollo de un plan hídrico con una inversión mínima de 5 millones de dólares.
Nuevo proyecto de ley
A pesar de la reciente propuesta legislativa presentada en el Congreso, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) no prevé que esta medida detenga el avance del proyecto minero en la zona.
La existencia de iniciativas para proteger determinadas zonas no implica la suspensión de todas las actividades productivas. En este caso, hablamos de derechos especiales del Estado sobre el proyecto de Tambogrande, los cuales tienen prioridad sobre cualquier otra propuesta.
El viceministro detalló que, antes de ejecutar cualquier proyecto, primero se verifica en el catastro minero qué concesiones están vigentes y qué actividades se llevan a cabo en el área. Esta información, explicó, es clave para definir las estrategias de protección ambiental sin afectar inversiones en curso.
En el Parque Nacional de Huascarán, una zona protegida, actualmente operan cuatro o cinco proyectos de pequeña escala, a pesar de su estatus de área natural reservada. Estas iniciativas mineras ya estaban en marcha antes de que se estableciera la protección de la zona, lo que demuestra que la coexistencia entre minería y conservación es posible en determinados casos.
En este contexto, se destacó la presencia del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidades encargadas de supervisar las operaciones y garantizar que no se generen impactos negativos en la población.
El viceministro de Minas, Henry Luna, explicó que, tras la firma de la concesión, aún quedan pendientes varios compromisos. Antes de que el proyecto pueda iniciar operaciones, es necesario completar estudios preliminares. Solo después de cumplir estos requisitos se podrá formalizar la transferencia de las concesiones a la empresa Buenaventura, ya que, en la actualidad, los acuerdos establecidos son contratos de opción.
Aldo Massa, vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Comercialización de la empresa, subrayó que la prioridad en esta etapa inicial es construir un acuerdo social sólido con las comunidades y las autoridades. Para la compañía, este primer paso es fundamental para establecer relaciones de confianza y avanzar con el desarrollo del proyecto hídrico, antes de dar inicio a las exploraciones mineras.
La obtención de la licencia social y la ejecución de la fase hídrica del proyecto son requisitos previos antes de iniciar cualquier actividad de exploración minera subterránea. Se estima que, en una primera etapa, la producción alcanzaría las 5,000 toneladas métricas diarias de cobre, plata y zinc, con una proyección de crecimiento hasta 15,000 toneladas diarias en la fase de expansión.
El debate sobre la licencia social en proyectos mineros
Uno de los principales cuestionamientos al proyecto minero en Tambogrande es la falta de licencia social antes de su adjudicación. Sin embargo, Mario Pinatte, socio de CPB Abogados, señaló que este argumento carece de sustento legal, ya que se basa en una supuesta incompatibilidad entre minería y agricultura sin respaldo normativo.
Según explicó el especialista en derecho, el acuerdo social no es un requisito legal ni un documento obligatorio que deba presentarse antes de la adjudicación de un proyecto minero.
Al respecto, indicó que se está utilizando la ausencia de licencia social como una justificación errónea para oponerse al proyecto. Afirmó que se plantea la situación como si la empresa no estuviera cumpliendo los requisitos legales, lo cual no es cierto, pues el proceso sigue los lineamientos establecidos.
Por otro lado, Pinatte advirtió que el proyecto de ley que busca prohibir la minería en la zona podría ser inconstitucional, ya que vulneraría el principio de libre empresa. Además, alertó que esta medida podría favorecer la minería ilegal, una actividad que opera sin regulaciones ambientales ni compromisos sociales, generando un impacto negativo en la región.
