La medida busca garantizar la participación de comunidades indígenas, pero genera inquietud en la industria debido a posibles retrasos en los permisos y la exposición de información sensible.
El gobierno de Columbia Británica ha introducido un nuevo sistema de consulta para la asignación de concesiones mineras, con el objetivo de garantizar la participación de las comunidades indígenas antes de aprobar nuevos reclamos. La medida, que entrará en vigor el 26 de marzo, responde a un fallo judicial que exige un proceso de diálogo previo a la autorización de exploraciones.
Con la implementación del Marco de Consulta sobre Reclamos Minerales (MCCF), el tradicional sistema automatizado de registro de concesiones será reemplazado por un proceso basado en solicitudes. Ahora, las empresas deberán presentar una solicitud inicial, lo que activará la consulta con las Primeras Naciones afectadas antes de que se apruebe cualquier derecho minero.
Este cambio surge tras la decisión de la Corte Suprema de Columbia Británica en 2023, que determinó que el método anterior no cumplía con las obligaciones constitucionales de consulta. El tribunal subrayó que la asignación de derechos mineros podía afectar los títulos y derechos de las comunidades indígenas, incluso antes de que se iniciaran las exploraciones.
El nuevo marco establece que las solicitudes se procesarán en bloques al menos una vez al mes, y las áreas solicitadas quedarán temporalmente reservadas para evitar competencia. Se espera que cada solicitud tome entre 90 y 120 días en resolverse.
Preocupaciones en la industria minera
A pesar de la intención del gobierno de reforzar el diálogo con las comunidades indígenas, la industria minera ha expresado su inquietud respecto al impacto del nuevo sistema. La Asociación para la Exploración Mineral (AME) ha advertido que los cambios generan incertidumbre, especialmente en lo que respecta a los plazos de aprobación y la confidencialidad de los solicitantes.
Trish Jacques, presidenta de la junta directiva de AME, señaló que la industria tuvo poco tiempo para prepararse antes de la implementación del MCCF. El gobierno tardó 18 meses en desarrollar este marco, pero el sector solo tuvo oportunidad de interactuar con él en los últimos meses.
Uno de los puntos más sensibles es la posible divulgación de la identidad de los solicitantes durante el proceso de consulta. AME sostiene que esto podría exponer a las empresas a la competencia antes de consolidar sus planes de exploración. Además, consideran que los plazos establecidos no son estrictamente vinculantes, lo que podría retrasar la inversión en nuevos proyectos mineros.
Según Jacques, el primer ministro prometió garantizar tiempos claros para la aprobación de permisos, pero el enfoque presentado es de esperar y ver. La industria sigue atenta a la implementación del MCCF y su impacto en el desarrollo minero de la región, mientras continúan las conversaciones entre el gobierno, las comunidades indígenas y las empresas del sector.
