Los mineros informales promueven la minería ancestral como una forma de evadir el sistema laboral actual, argumentando un retorno al ayni, la minka y el peonaje.
Los mineros informales en Apurímac buscan consolidar la minería ancestral como un mecanismo legal para operar sin planillas ni regulación, avanzando estratégicamente hacia una Ley MAPE a su medida. La Federación de Comunidades Indígenas Mineras (Fedecim) presentó esta propuesta ante la Comisión de Energía y Minas durante una sesión descentralizada en Apurímac el último sábado.
En las actividades de pequeña minería y minería ancestral, desarrolladas por miembros de comunidades indígenas y nativas reconocidas por el Estado, deberá aplicarse el sistema laboral ancestral conforme a sus usos y costumbres. Además, la minería tradicional quedará exenta de registrar a su personal en el sistema de información laboral y de incluirlos en la planilla mensual de pagos.
Otra estrategia vinculada a la propuesta de minería ancestral o indígena es utilizar esta figura para acceder a concesiones estratégicas en la región, incluidas zonas cercanas a Las Bambas, ubicada en Apurímac. Esto les permitiría apropiarse de concesiones invadidas o fomentar nuevas invasiones sin riesgo de ser denunciados.
El plan busca legitimar la minería informal bajo el pretexto de prácticas ancestrales, permitiendo la apropiación de recursos sin cumplir con las normativas vigentes. Esta estrategia, ya en marcha, podría cambiar el control de la minería en la región.
Los mineros de Fedecim impulsan la figura de minería ancestral con un derecho de preferencia, incluido en el artículo 3 del capítulo sobre Concesiones y Derecho de Preferencia. En su propuesta, se establece que las comunidades indígenas y nativas organizadas tendrán prioridad para solicitar concesiones mineras en áreas de libre denunciabilidad durante 180 días hábiles tras la promulgación de la ley.
Además, este planteamiento se vincula con el derecho de servidumbre minera. En caso de desacuerdo entre un minero informal y el propietario de una concesión, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) asumiría el rol de árbitro, con la facultad de otorgar el contrato bajo esta figura legal.
