La actividad minera continúa siendo uno de los pilares fundamentales de la economía peruana, destacándose por su significativa contribución a través de las transferencias económicas que fortalecen los gobiernos locales, regionales y universidades públicas a nivel nacional. Hasta abril de 2024, las transferencias mineras, que incluyen el Canon Minero, las Regalías Mineras (Legales y Contractuales), así como el Derecho de Vigencia y Penalidad, alcanzaron la cifra de más de S/ 2,846 millones.
Canon Minero: impulso financiero para el desarrollo local
El Canon Minero, constituido por el 50% del impuesto a la renta pagado por los titulares de la actividad minera, anticipó una distribución inicial en 2024 que superó los S/ 1,893 millones. Este fondo se distribuye entre Gobiernos Regionales, Locales y Universidades Públicas en las áreas donde se desarrolla la actividad minera, bajo la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Regalías Mineras: compensación por la Extracción de Recursos
Las regalías mineras, tanto legales como contractuales, sumaron más de S/ 942 millones en el mismo periodo. Estas se calculan sobre la utilidad operativa trimestral de los titulares mineros y son cruciales para compensar el uso de recursos minerales y promover la inversión privada en el sector.
Derecho de vigencia y penalidad: mantenimiento de concesiones
Se recaudaron más de S/ 10 millones por concepto de Derecho de Vigencia y Penalidad hasta marzo de 2024, pagos realizados por los titulares de concesiones mineras para mantener su validez, gestionados por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET).
Distribución regional: Áncash en la vanguardia
En términos de distribución regional, Áncash lideró con más de S/ 577 millones recibidos, representando el 20.3% del total nacional. Le siguen Arequipa con S/ 393 millones (13.8%), Ica con S/ 335 millones (11.8%) y Moquegua con S/ 314 millones (11.1%), conformando juntos el 57.0% del total transferido a nivel nacional.
Estas transferencias no solo reflejan la importancia económica de la minería para el país, sino también su compromiso con el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida en las comunidades cercanas a las operaciones mineras.
