- Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que la expansión de la minería ilegal responde a fallas en el proceso de formalización, por lo que planteó la necesidad de establecer un sistema de formalización “realista” que permita diferenciar a los mineros que buscan formalizarse de las organizaciones criminales.
- Camilo Ferreira, investigador del Centro Wiñaq, advirtió que el exceso de regulaciones y costos para la minería formal amplía la brecha frente a la minería ilegal, lo que termina favoreciendo su expansión y reduciendo la competitividad de las operaciones legales.
La expansión de la minería ilegal, su impacto económico y social, y los desafíos para enfrentarla fueron analizados durante el panel “Minería ilegal: extensión, impacto y soluciones”, desarrollado en el bloque de Dimensión Económica de INDUMIN 2026
El espacio contó con la participación de Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE); Cecilia Julcarima, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería de Pequeña Escala (SONAMIPE); y Camilo Ferreira, fundador e investigador del Centro Wiñaq, bajo la moderación de Antonio Samaniego, director de SRK Consulting Perú.
Durante su exposición, Macera advirtió que el país atraviesa un contexto internacional extraordinario para la minería debido al alto precio de los minerales. Sin embargo, señaló que el Perú no está aprovechando plenamente este escenario por la falta de inversión y el avance de la minería ilegal.
“Estamos estimando el año pasado cerca de poquito menos de 12 000 millones de dólares en exportación ilegal. Este número sí vale la pena tenerlo siempre en la cabeza, porque es un número realmente gigantesco”, afirmó.
El economista explicó que la dimensión económica del fenómeno permite incluso financiar redes de influencia y criminalidad. Macera advirtió que la minería ilegal está presente en gran parte del territorio nacional y se encuentra vinculada con otras actividades delictivas.
“Si uno pudiera decir cuál es el principal problema con la minería ilegal es que genera inseguridad ciudadana, crimen organizado y violencia”, señaló.
Asimismo, indicó que el presupuesto del Estado destinado a combatir esta actividad es muy inferior a la magnitud del problema.
“Si sumo todo el presupuesto de reducción de la minería ilegal del Estado, no es ni el medio por ciento de las ventas de oro ilegal”, cuestionó.
Formalización minera con enfoque realista
Durante el panel, Cecilia Julcarima enfatizó la necesidad de diferenciar entre minería ilegal y pequeña minería en proceso de formalización, así como fortalecer la presencia del Estado en las regiones.
“No se debería llamar criminalidad al pequeño minero, porque nosotros como pequeños mineros de SONAMIPE somos mineros con conciencia. Somos legales y también estamos en la formalización”, indicó.
En esa línea, señaló que el avance del proceso de formalización ha sido mínimo. “En el REINFO se está formalizando al año el 0.01 %. No hay un avance de formalización”, afirmó.
La representante de SONAMIPE también pidió una mayor intervención estatal para identificar a los verdaderos mineros y fortalecer la capacitación en las zonas alejadas del país.
Brecha regulatoria favorece a la minería ilegal
Por su parte, Camilo Ferreira explicó que el crecimiento de la minería ilegal responde, entre otros factores, a una brecha regulatoria que genera desventajas para la minería formal.
“La productividad promedio de un trabajador minero formal es siete veces la de un trabajador minero informal”, señaló. Sin embargo, explicó que los costos regulatorios influyen en la expansión de la actividad ilegal.
“Cada vez que ponemos más costos y más regulación a los formales, lo que estamos haciendo es ampliando la brecha y mejorando las condiciones competitivas sobre los yacimientos de los mineros ilegales”, afirmó.
Ferreira también alertó que la expansión de la minería ilegal afecta especialmente a la pequeña minería formal.
“La primera en ser desplazada va a ser la minería pequeña legal, porque tiene menos condiciones para defenderse de la amenaza de los ilegales”, explicó.
Sobre INDUMIN 2026
La Convención Nacional de Productividad y Políticas para la Minería a Pequeña Escala es una iniciativa organizada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Escuela de Postgrado GĚRENS. Se realiza del 10 al 12 de marzo de 2026 en el Centro de Exposiciones Jockey, en Lima.
INDUMIN nace como un espacio técnico de diálogo orientado a construir propuestas viables para impulsar la productividad, la formalización y la sostenibilidad de la minería a pequeña escala en el país. La convención reúne a compañías mineras, proveedores, autoridades, academia y especialistas nacionales e internacionales, con el objetivo de promover soluciones concretas que contribuyan al desarrollo ordenado del sector.
Más información: www.indumin.pe
