Mediante la Resolución de la Presidencia Ejecutiva N° 020-2026, PROINVERSIÓN autorizó la contratación de una consultora internacional de primer nivel para asesorar la reorganización patrimonial de Petroperú. Este paso, enmarcado en el mandato estatal, busca ordenar la estructura financiera y operativa de la empresa, reforzar su sostenibilidad y garantizar el abastecimiento nacional de combustibles.
La decisión representa el cierre de la primera etapa del proceso y se ajusta a un cronograma técnico riguroso, diseñado para asegurar decisiones oportunas, informadas y alineadas con estándares internacionales.
Al respecto, el presidente ejecutivo de PROINVERSIÓN, Luis Del Carpio, destacó que la entidad asumió plenamente la responsabilidad de identificar y evaluar a consultoras de reconocimiento mundial, aplicando un análisis exhaustivo que consideró experiencias comparadas y distintos modelos de reorganización patrimonial. En ese sentido, señaló que la firma elegida cumple con elevados estándares técnicos, trayectoria comprobada y experiencia en procesos complejos de reestructuración de empresas estatales estratégicas.
La consultora seleccionada, Deloitte, es reconocida mundialmente por su experiencia en reorganización patrimonial, reestructuración financiera y asesoría a empresas estatales del sector hidrocarburos. Su función será estrictamente técnica y de apoyo, operando bajo la dirección y lineamientos del Estado peruano.
El proceso iniciará con la elaboración de un plan de trabajo detallado, que guiará la implementación del Decreto de Urgencia N° 010-2025. Este enfoque permitirá una toma de decisiones gradual, responsable y basada en evidencia, orientada a la recuperación y sostenibilidad de Petroperú.
PROINVERSIÓN garantizó que el proceso se desarrollará con total transparencia y comunicación constante, , asegurando que los avances y decisiones relevantes sean informados oportunamente a la ciudadanía y a los actores involucrados, en coordinación con Petroperú y los sectores competentes. Asimismo, se respetará íntegramente la normativa laboral y los derechos de los trabajadores, priorizando la continuidad operativa y el empleo en actividades estratégicas.
De igual manera, la empresa aclaró que la reorganización patrimonial no constituye una privatización ni liquidación, sino un ordenamiento responsable para asegurar la viabilidad de Petroperú como empresa estatal estratégica y la seguridad energética del Perú.
