El Congreso aprobó, en segunda votación, con 13 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, a una ley que extiende el proceso de formalización integral de la pequeña minería y minería artesanal. La vigencia de este proceso se amplía hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta la implementación de una futura Ley de la MAPE, lo que suceda primero.
La normativa modifica el Decreto Legislativo 1293, medida que declara de interés nacional la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. Durante la sustentación de la iniciativa, el congresista Víctor Cutipa Ccama, presidente de la Comisión de Energía y Minas aseguró que la propuesta no requiere recursos públicos adicionales, ya que se ejecutará con los presupuestos actuales de las entidades competentes. Sin embargo, señaló que generará costos administrativos por la ampliación de plazos y la necesidad de fortalecer capacidades en gobiernos regionales.
Asimismo, Cutipa sostuvo que los beneficios superan ampliamente estos costos, ya que la norma busca garantizar el trabajo de miles de familias, incrementar las formalizaciones, ampliar la base tributaria y mejorar la recaudación fiscal. Además, afirmó que contribuirá a reducir la conflictividad social, combatir el comercio ilegal y otras actividades ilícitas.
Posiciones de los parlamentarios
Durante el debate hubieron diferentes posturas respecto a la aprobación. Por un lado, legisladores como Gladys Echaíz (HyD) y Diana Gonzales (Avanza País) se opusieron, argumentando que se legisla para un grupo reducido en perjuicio del interés general, que se podría beneficiar a la minería ilegal y que perjudicaría el Estado de derecho.
En contra, también estuvo la ongresista Ruth Luque Ibarra (BDP), quien criticó la norma al considerar que consolida un entorno favorable para la economía ilegal y excluye a las poblaciones indígenas.
Por otro lado, congresistas como Guido Bellido (PP) y Eduardo Salhuana (APP) defendieron la medida, resaltando que afecta a cientos de miles de peruanos y que no aprobarla habría generado un grave conflicto social al dejar en la ilegalidad a más de 30 mil personas.
