La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, presentó una iniciativa para promover un «pacto por la transparencia y la gobernabilidad». Esta propuesta está dirigida a los partidos políticos y a quienes busquen participar de los comicios del 2026.
La finalidad de esta iniciativa es garantizar que el financiamiento de las campañas provengan de recursos lícitos, y así evitar el posible ingreso de dinero derivado de actividades ilícitas, en particular de la minería ilegal.
Julia Torreblanca enfatizó el derecho que tiene la población de conocer el origen de los fondos con el que se financian las campañas políticas. El pacto pretende asegurar la transparencia del proceso electoral, por lo que se invita a los políticos a sumarse y firmar este compromiso.
Estas declaraciones se realizaron durante la celebración de la vigésima edición del Premio Desarrollo Sostenible de la SNMPE, donde también reiteró su rechazo a la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
SNMPE pide modernizar la regulación de la MAPE
La presidenta del gremio hizo un llamado al Congreso para que dé prioridad a la aprobación de una ley renovada para la Minería Artesanal y Pequeña Minería (MAPE). Además, señaló que es importante contar con una normativa moderna y eficiente que incorpore tecnología y plataformas digitales, permitiendo que más mineros artesanales y pequeños mineros terminen su proceso de formalización en menos tiempo.
El propósito es contar con una normativa que asegure que los mineros cumplan con sus deberes y se les otorgue el derecho de ejercer una minería responsable.
La líder también hizo referencia al compromiso asumido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de enfrentar la ilegalidad y la inseguridad, destacando que que combatir la minería ilegal es esencial porque está directamente vinculada a actividades criminales.
Finalmente, resaltó la contribución del sector en el desarrollo del país a través del Premio Desarrollo Sostenible, el cual reconoce a las empresas asociadas por sus iniciativas para promover una minería legal, responsable y alineada con la protección ambiental, el bienestar de las comunidades y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
