Capacitación fue realizada para fortalecer las capacidades técnicas de los fiscales en la investigación de los impactos de la minería ilegal.
Para mejorar las habilidades del personal de las Fiscalias Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), se desarrolló el 10 y 12 de noviembre un curso acerca del uso de la Calculadora de Impactos de la Minería Ilegal de Oro. Esta capacitación realizada con el apoyo de la Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional (OPROCTI) y la Escula del Ministerio Público, estuvo dirigda a fiscales, asistentes y personal administrativo de las FEMA de diversas regiones del país y de la coordinación nacional.
El objetivo fundamental del taller fue promover el uso de esta herramienta digital, la cual permite evaluar los daños sociales y ambientales generados por la minería ilegal. La calculadora brinda informacion técnica valiosa que sirve para analizar y sustentar los procesos de investigación fiscal.
La presente actividad formativa fue realizada bajo el marco del convenio de cooperación interinstitucional establecido entre el Ministerio Público y Conservation Strategy FUND (CSF). Esta organización internacional está dedicada a incentivar la la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
En la sesión de inauguración, el fiscal superior Frank Almanza Altamirano, coordinar nacional de las FEMA, destacó la importancia de la cooperación entre instituciones como un pilar fundamental para mejorar el trabajo fiscal en la protección ambiental. Resaltó que instrumentos como la calculadora son esenciales para elevar el rigor técnico de las investigaciones fiscales.
Por su parte, Augusto Mulanovich Diez Canseco, director de la CSF en Perú, aseguró que su institución está comprometida con las iniciativas del Ministerio Público para proteger el medio ambiente. Del mismo modo, indicó que la implementación de esta herramienta en favor del labor de los fiscales a nivel nacional.
Propuestas como esta, demuestra el compromiso del Ministerio Público con la protección ambiental y la gestión fiscal que tiene como pilares fundamentales el cumplimiento de la legalidad, la promoción de la sostenibilidad y la defensa del interés público.
