A tres meses de que venza el plazo para la formalización de los mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el Ministerio de Energía y Minas (Minem) presentó un proyecto de decreto supremo que busca agilizar la aprobación de los Instrumentos de Gestión Ambiental para la Formalización (IGAFOM). Sin embargo, especialistas advierten que la iniciativa podría debilitar la supervisión ambiental.
El Minem recordó que, tras la exclusión de más de 50 mil mineros informales en junio, aún quedan alrededor de 31,560 inscritos que deben cumplir con los requisitos pendientes, entre ellos la aprobación del IGAFOM. Para hacer más eficiente este proceso, el ministerio plantea la posibilidad de que la autoridad competente evalúe los instrumentos de manera agrupada, incluso de oficio, con el fin de “viabilizar” su aprobación.
Asimismo, se establece que la autoridad ambiental podrá emitir resoluciones basadas en informes individuales o colectivos que incluyan medidas de manejo obligatorias. Otro cambio relevante es que la falta de emisión de opiniones favorables por parte de entidades como Sernanp o Serfor no suspendería el procedimiento de evaluación.
El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, defendió la propuesta señalando que la evaluación grupal es lógica en casos donde varios mineros trabajan en espacios contiguos. «Por ejemplo, yo trabajo acá y tú trabajas 10 metros a mi derecha. No tiene sentido que tú tengas un instrumento de gestión ambiental y yo otro cuando estamos al lado trabajando en el mismo sitio», indicó. Agregó que existen entre 6,000 y 7,000 expedientes que podrían acogerse a esta modalidad. «Hay una serie de estrategias para culminar con el proceso de formalización este año, una de ellas es esa», apuntó.
Opiniones divididas
Para Fiorella Wismann, asociada senior del estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas, la propuesta podría agilizar los trámites, ya que el Minem tendría la facultad de iniciar de oficio evaluaciones colectivas. Sin embargo, advirtió que la heterogeneidad de los proyectos podría generar retrasos en algunos casos.
Más preocupante, dijo, es el riesgo de un debilitamiento de la supervisión ambiental: «Por allí podría venir un problema, por la elusión de responsabilidades, o tener un instrumento que tenga una evaluación que pueda ser considerada incompleta, lo cual es un punto importante a considerar».
Por su parte, José de Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental, sostuvo que la propuesta podría enviar un mensaje de permisividad hacia los gremios de mineros informales. «Tengo la sensación de que este proyecto es un intento de dar un mensaje de flexibilidad hacia las centrales (de gremios de mineros informales) como CONFEMIN (Confederación de Mineros Artesanales del Perú) y algunas otras, de que se van a relajar un poco las regulaciones en materia del IGAFOM», advirtió.
Con el plazo de formalización fijado para el 31 de diciembre, el debate se centra ahora en si el proyecto permitirá avanzar en la incorporación de miles de mineros a la legalidad sin comprometer los estándares ambientales.
