El Perú, que concentra la segunda mayor cantidad de reservas de cobre del mundo y las mayores de oro en Latinoamérica, enfrenta un panorama cada vez más adverso para atraer nuevas inversiones mineras. La creciente complejidad regulatoria, sumada a la expansión de la minería ilegal, ha frenado el desarrollo de proyectos clave, afectando el crecimiento económico, la recaudación y la generación de empleos de calidad.
Atractivo en retroceso
El atractivo del país como destino de inversión minera se ha deteriorado. Según el Instituto Fraser, en 2024 el Perú superó al 51% de jurisdicciones evaluadas en el Índice de Atractivo para la Inversión Minera, por encima del 31% del 2023, pero aún lejos del promedio de 67% registrado entre 2009 y 2019, y del máximo histórico de 83% en 2018.
De esta manera, el Perú es hoy menos atractivo que Chile, a pesar de contar con un potencial geológico similar. La principal diferencia radica en la percepción negativa de las empresas sobre las políticas públicas aplicadas en el sector local.
Un factor determinante ha sido la inseguridad. El porcentaje de compañías que considera a la criminalidad como un obstáculo fuerte o decisivo pasó de 6% en 2018 a 29% en 2024, luego de un pico de 37% en 2023 tras los atentados en Pataz (La Libertad). La preocupación incluso supera a la registrada en 2012, durante los conflictos sociales alrededor del proyecto Conga, y es por segundo año consecutivo la mayor barrera para invertir, según el mismo índice.
Proyectos en pausa
El debilitamiento de las condiciones para invertir ha paralizado parte importante de la cartera minera. De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el 69% de la inversión programada para 2024 no tiene aún fecha de ejecución.
Si se desarrollaran solo los proyectos con fecha definida al 2027, la producción de cobre crecería 39%. En el horizonte al 2032, el aumento alcanzaría 64%. En el caso del oro, la producción crecería apenas 4% hasta 2032 con las iniciativas programadas, pero podría expandirse hasta 55% si se concretaran las inversiones sin cronograma.
Sin embargo, la minería ilegal se expande con rapidez, afectando tanto operaciones en marcha como nuevos desarrollos. La falta de control estatal genera incertidumbre jurídica y desalienta la llegada de capitales.
Ejemplos claros son Michiquillay (Cajamarca), Los Chancas y Haquira (Apurímac), proyectos valorizados en conjunto en casi US$ 7,000 millones, el 11% de la cartera total, que permanecen detenidos por la presencia de mineros ilegales. De ejecutarse, aportarían el equivalente a toda la producción actual de cobre de Arequipa, expandiendo la frontera productiva nacional en 18%.
Potencial en riesgo
La minería continúa siendo uno de los pilares de la economía nacional. Por ello, resulta urgente impulsar la cartera de proyectos y dinamizar la exploración. Para lograrlo, expertos coinciden en que es necesario fortalecer la seguridad jurídica, agilizar trámites y, sobre todo, enfrentar de manera frontal la minería ilegal, que erosiona la competitividad del país.
En ese sentido, advierten que medidas en debate, como la reducción de plazos de las concesiones mineras, representan un retroceso. “No solo restarían previsibilidad al sector, sino que facilitarían la ocupación ilegal de áreas concesionadas, impidiendo la puesta en marcha de nuevos proyectos y limitando el potencial de crecimiento de la minería formal”, señala un documento técnico.
El retroceso en el atractivo minero refleja la falta de un rumbo claro en las políticas públicas. La complejidad del marco regulatorio, sumada al crecimiento de la minería ilegal, sigue siendo uno de los principales desincentivos para los inversionistas.
Recuperar la confianza
El desafío inmediato es restablecer la confianza en el sector, con instituciones sólidas, reglas claras y predecibles, y una estrategia firme contra la criminalidad. Solo de esa forma será posible reactivar los proyectos en cartera, recuperar la competitividad perdida y aprovechar el potencial geológico del país para impulsar crecimiento, empleo y desarrollo regional.
