El Ejecutivo alista la presentación de un proyecto de ley que reemplazará al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia vence a fin de este año, con el fin de combatir la minería ilegal y acelerar la formalización de pequeños y artesanales mineros. Se trata de la nueva Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (Ley MAPE), que recogerá las perspectivas de gremios, trabajadores no formales y distintos actores del sector.
El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, adelantó que la propuesta contendrá 12 puntos clave. Gestión tuvo acceso a al menos siete ejes confirmados, entre ellos la implementación de un sistema de trazabilidad minera “en tiempo real”, cambios en el régimen de concesiones e incentivos para impulsar la formalización.
Pese a que el Gobierno señaló públicamente que ya “se tiene culminado el texto final” y que los 12 puntos están consensuados, el documento aún no está completamente cerrado. La congresista Diana Gonzales (Avanza País), vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, descartó que la propuesta esté lista en su totalidad. “Todavía ese texto no está cerrado. Pero sí se quiere entregar el texto para cuando la comisión [de Energía y Minas] asuma. Es también de valorar que el Ejecutivo ha logrado sentar a todos los actores [alrededor de la formalización minera]”, afirmó.
En un documento, detalló que la propuesta se apoyará en el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Sipmma), que concentra información del Minem, Ingemmet, Reniec, Sucamec, Sunat y otras instituciones. «No obstante, se requiere que se refuerce este sistema ya implementado. Por lo tanto, a través de la Ley MAPE, se debe regular la trazabilidad operativa de minerales, explosivos, insumos químicos (…) para ello, se postula la creación del ‘Sistema de Trazabilidad de Minerales’ destinado a garantizar el cumplimiento de lo previamente señalado», precisa el documento.
La parlamentaria destacó la importancia de avanzar con un marco normativo que permita fiscalizar adecuadamente la cadena de valor de los minerales. “La propuesta de trazabilidad está entre lo que más se debe destacar. Es importante tenerla en tiempo real para seguir la cadena de valor, desde el origen hasta la venta, y que todas las transacciones estén en una sola plataforma interconectadas con varias bases de datos. Esto es clave porque ya vimos qué pasó con el Reinfo, que tenía información separada de la Sunat, de la Policía, etc”, indicó.
El proyecto considera la creación de un “Sistema de Trazabilidad de Minerales” que permitirá registrar en línea todas las transacciones comerciales, incluyendo oro y otros minerales, desde el origen hasta la venta final. Este sistema se apoyará en el ya existente Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Sipmma), que integra información del Minem, Ingemmet, Reniec, Sunat, Sucamec y otras entidades.
Otro de los ejes está vinculado al régimen de concesiones mineras. Actualmente, se han identificado casos de cesiones irregulares de concesiones a terceros, sin contratos formalizados y fuera del control del Estado. El documento señala que “la legislación peruana no contempla ninguna manera de evitar esta anómala situación, que termina siendo perjudicial para el erario nacional y para el minero en formalización”.
En ese sentido, se plantea modificar la normativa para incrementar el pago de penalidad según estrato, revisar los plazos de producción mínima, redefinir causales de caducidad y establecer un derecho de preferencia en concesiones extinguidas. Además, se propone que el Minem pueda declarar zonas de no admisión de petitorios, dando prioridad a pequeños y artesanales mineros que cumplan condiciones específicas.
Gonzales subrayó que este es uno de los principales nudos a resolver. “Los contratos e incentivos es un tema álgido. En el papel se puede poner de todo, pero sin incentivos no resultan atractivos y no avanzan”, dijo.
El Ejecutivo también busca impulsar un fondo minero, creado pero aún sin reglamentar, como apoyo al crecimiento empresarial de la pequeña minería y la minería artesanal. A esto se sumará un esquema de incentivos: “Para acceder a dicho beneficio el plazo del contrato de explotación no puede ser inferior a cinco años”, se precisa en el documento.
De acuerdo con lo previsto, el Gobierno presentará su propuesta a la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que se instalará esta semana bajo la presidencia del legislador Víctor Cutipa (Bloque Magisterial – JPP).
