En medio de una aguda crisis económica, Bolivia ha encontrado en el oro una fuente crítica para sostener sus finanzas públicas. La creciente extracción aurífera en regiones amazónicas como Cangalli, al norte de La Paz, ha permitido al gobierno pagar su deuda externa e importar combustibles esenciales, en un contexto donde la escasez de divisas, el desplome del boliviano y la inflación amenazan con desestabilizar aún más al país.
Uno de los principales actores en esta “fiebre del oro” es el Banco Central de Bolivia (BCB), que desde mayo de 2023 ha comprado casi 24 toneladas métricas de oro producido localmente y ha monetizado 44 toneladas, generando ingresos por más de 3,000 millones de dólares.
El oro está ayudando al país a cumplir con sus obligaciones de deuda externa y a financiar las importaciones de combustible, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, en declaraciones de febrero. Su afirmación refuerza el rol central del metal precioso en la economía actual.
A pesar de las preocupaciones por el alto riesgo crediticio del país, calificado como “probable o muy probable impago” por Moody’s Ratings, Bolivia ha seguido pagando puntualmente sus bonos, lo que ha sorprendido a los analistas.
En junio, S&P atribuyó su calificación a los “reducidos niveles de reservas” de Bolivia y a su “débil capacidad para cumplir plenamente sus compromisos de deuda en los próximos seis a doce meses”.
“Muchos inversores se han mostrado perplejos ante la capacidad del gobierno para seguir pagando los cupones de los bonos a tiempo”, dijo Mariano Ortiz, economista sénior de BancTrust. “A estas alturas, el mecanismo de compra de oro nacional por parte del banco central se ha aclarado, aunque siguen existiendo dudas sobre la sostenibilidad del plan”.
La estrategia del BCB consiste en comprar oro local, refinarlo en el extranjero y convertirlo en efectivo o usarlo como garantía. Sin embargo, múltiples voces advierten que el sistema adolece de falta de trazabilidad, fiscalización y transparencia.
“El banco central está interesado en comprar oro y no le importa de dónde provenga”, aseguró Danilo Bocángel, gerente general de la Fundación Medmin. Por su parte, Alfredo Zaconeta, investigador del Cedla, afirmó que las declaraciones sobre el origen y la legalidad del oro son básicamente «declaraciones de buena fe» y añadió que “el Estado carece de capacidad para supervisar lo que se supone que se extrae en una zona determinada”.
En efecto, gran parte del oro boliviano proviene de cooperativas mineras, de las cuales se estima que un 85% carecen de permisos adecuados. Héctor Córdova, ex viceministro de Desarrollo Productivo Minero, señaló que alrededor de 200,000 personas trabajan en estas cooperativas, que muchas veces operan de manera informal.
La estatal Epcoro fue creada para comprar oro en el mercado interno y venderlo al banco central, pero su gerente ejecutivo, Pablo César Pérez, aclaró: “No es mi responsabilidad ir a controlar cómo producen”.
Los problemas medioambientales también se acumulan. El uso extendido de mercurio en la extracción está generando contaminación en ríos y suelos, afectando a comunidades indígenas y urbanas. “No estamos hablando de gramos o kilos, estamos hablando de toneladas que se liberan a la atmósfera y al medio ambiente”, advirtió Bocángel.
En Cangalli, las consecuencias son evidentes. Inundaciones provocadas por la actividad minera y las lluvias han obligado a reubicar escuelas y viviendas. Carmen Callisaya, residente local, expresó: “Vivimos aquí porque no tenemos otra opción”. Agregó que la minería “eso es lo que nos dicen. Afirman: ‘Si no hay minería, ¿de qué van a vivir?’”.
La situación también afecta a los propios mineros. Cristóbal Mamani, jefe de una cooperativa aurífera, reconoció: “Si los precios del oro cayeran ahora, estaríamos arruinados”. “La minería puede ser estupenda: si tienen suerte, pueden comprarse un auto, una casa. Pero también pueden sufrir”.
En Tipuani, la llamada “capital del oro”, las inundaciones son recurrentes y obligan a los residentes a abandonar sus hogares. Alejandro Catarrion, mecánico de 67 años, comentó: “Este pueblo se ha convertido en una zona sin ley”. En su opinión, “parece que quieren minar el pueblo mismo”.
Rufino Chambi, jefe de la asociación de vecinos, denunció que las minas en la zona están financiadas por grupos chinos que se quedan con el 70% de la producción, a pesar de que “hay leyes para extraer de forma responsable y reponer la tierra”. También mencionó, “pero no las cumplen, solo para ahorrar un poco de combustible, un poco de diésel. Hacen lo que quieren”.
Las fallas del sistema también han llevado al retiro de organizaciones internacionales. Thomas Hentschel, director del programa de la Swiss Better Gold Association, afirmó: “En este momento, no hay posibilidad de crear una cadena de suministro legal”. Y añadió, “para mí, está claro que esto no se produce de forma responsable. Esto no es lo que un consumidor espera de un buen suministro”.
Incluso dentro del propio sector cooperativo hay voces críticas. Manuel Barrientos, de la cooperativa Primero de Mayo, considera que la llegada del banco central y Epcoro podría haber beneficiado a la industria si se hubiera hecho como parte de un enfoque organizado y centralizado.
El presidente Luis Arce, por su parte, declaró en junio que no podía dar detalles sobre las operaciones del banco central con el oro y se limitó a señalar que han estado utilizando las reservas de oro de acuerdo con la normativa vigente para apalancar los recursos que llegan al país.
Mientras tanto, la presión sobre el medioambiente y las comunidades locales sigue creciendo. “Si los precios del oro siguen subiendo, se van a volver locos”, advirtió Chambi. “Van a intentar extraerlo todo”.
