El titular de Energía y Minas afirmó que la baja tasa de apelaciones confirma que el proceso de formalización minera avanza con criterios claros y dentro del marco legal.
En el marco del Simposio Internacional de Innovaciones Tecnológicas Mineras, realizado en el auditorio del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, informó que apenas un 4% de los mineros excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) presentó recursos de reconsideración ante su sector o el Consejo de Minería.
Montero precisó que el 30 de junio de 2025 venció el plazo de formalización para 50,565 titulares, conforme a la Ley 32213. Explicó que las exclusiones no fueron decisiones arbitrarias, sino el resultado natural del cumplimiento del periodo establecido por ley. Recordó, además, que el Gobierno otorgó una prórroga excepcional para ciertos casos, siempre respetando la normativa vigente.
“El hecho de que solo el 4% haya apelado demuestra que el proceso se está aplicando de forma adecuada y con criterios bien definidos. Si fueran 20%, me preocuparía; si fueran 50%, renuncio. Pero es 4%, gol. Disparamos en el blanco correcto”, afirmó.
Extensión para miles de mineros
El ministro detalló que 31,560 titulares del Reinfo recibieron una ampliación extraordinaria hasta el 31 de diciembre de 2025 para completar su proceso. Estas unidades productivas representan a cerca de un millón y medio de personas ligadas a la pequeña minería y minería artesanal, muchas de las cuales trabajan sin planilla, seguro de salud ni condiciones de seguridad adecuadas.
“No estamos hablando solo de cifras; hablamos de personas que necesitan protección y derechos. Vamos a seguir trabajando con todos los actores del sector, grandes y pequeños, pero siempre con justicia y respeto a la ley”, aseguró.
Impacto más allá de lo económico
Montero subrayó que la formalización no es únicamente un trámite administrativo, sino una herramienta para integrar a los mineros a un sistema que les brinde seguridad laboral, acceso a salud y estabilidad económica.
Además, destacó que la formalización abre puertas a nuevos mercados, financiamiento y mejores estándares ambientales y de seguridad para la pequeña minería y la minería artesanal. “Es un reto de largo plazo, pero los avances en ordenamiento del sector y reducción de conflictos ya son palpables”, concluyó.
