El operativo, ejecutado durante una semana en zonas críticas de Loreto, permitió desmantelar estructuras y equipos usados en la extracción ilegal de oro en áreas protegidas. Todo lo incautado está valorizado en más de 1 millón de soles.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Maynas logró desarticular el campamento ilegal conocido como “Pastuzo”, considerado el principal centro logístico de financiamiento y operación de dragas en la cuenca del Alto Nanay, en Loreto. Esta intervención forma parte de una estrategia conjunta para combatir el avance de la minería ilegal en zonas de alta vulnerabilidad ecológica.
El operativo, desarrollado entre el 8 y el 14 de julio, se desplegó en seis sectores priorizados: Albarenga, San Juan de Ungurahual, Wiracocha, Santiago de Raya, Diamante Azul y áreas aledañas. Estas zonas han sido identificadas como focos persistentes de actividad minera ilícita.
La acción fiscal fue acompañada por instituciones clave como la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), la Dirección Regional de Medio Ambiente de la Policía Nacional (Dirmeamb), SUNAT–Aduanas y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Además, se contó con el apoyo estratégico de la Fuerza Aérea del Perú y de organizaciones especializadas en conservación, como ACCA y la Amazon Conservation Association (ACA), que brindaron imágenes satelitales y reconocimiento aéreo para el mapeo de los puntos de intervención.
Durante la operación, se incautaron e inutilizaron equipos valorizados en miles de soles: 13 balsas tipo draga en superficie, 3 más semihundidas, otras 4 tipo traca, 6 motores, 20 bombonas con rotores, 800 galones de petróleo y 120 galones de gasolina. También se desmantelaron seis campamentos logísticos y uno destinado al abastecimiento de combustible, todos vinculados a la cadena ilegal de extracción aurífera.
“Pastuzo” operaba como núcleo de distribución para embarcaciones y combustible, representando una grave amenaza para los ecosistemas amazónicos y las comunidades que dependen de ellos. “Estas acciones demuestran el compromiso firme de la Fiscalía y de las instituciones del Estado para proteger nuestros recursos naturales”, señalaron voceros del Ministerio Público.
