Tras las críticas por su exclusión, el Gobierno dio marcha atrás e invitó al Ministerio Público a participar en la mesa técnica sobre formalización minera. La segunda reunión de este grupo de trabajo se llevará a cabo este viernes 18 de julio en Palacio de Gobierno.
Así lo confirmó el fiscal superior Frank Almanza, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), quien detalló que un representante de su institución acudirá al encuentro. “Debo informar que hoy día en horas de la tarde se nos ha cursado una comunicación para participar en la reunión del día viernes y hemos confirmado nuestra participación. El Ministerio Público va a participar, hemos sido invitados y bueno, hemos decidido participar y el día viernes estaremos en la mesa”, declaró a RPP.
Almanza precisó que, en el encuentro, el Ministerio Público insistirá en la necesidad de revisar y modificar normativas que dificultan su labor en la lucha contra la minería ilegal. Cuestionó especialmente los cambios introducidos a la Ley N° 30077, que regula el crimen organizado.
“Los delitos de minería ilegal no se pueden investigar bajo los alcances de la normatividad de crimen organizado. Se ha modificado la Ley 30077 y se ha levantado la valla a cinco años para que se pueda investigar un delito como crimen organizado”, advirtió.
“A partir de allí nosotros no podemos hacer interceptaciones telefónicas, entregas vigiladas, no podemos hacer técnicas especiales de investigación que siempre se hacen para establecer quién está detrás de una organización criminal”, añadió el fiscal.
En ese sentido, Almanza expresó su expectativa de que el Congreso corrija estas normas, como ya lo hizo en el caso de la detención preliminar.
La exclusión inicial del Ministerio Público generó una reacción inmediata por parte de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien expresó su “preocupación” y “extrañeza” por no haber sido convocada a la primera sesión de la mesa técnica, realizada el lunes 15 de julio.
A través de un oficio, Espinoza advirtió que esa decisión “representa un riesgo para la eficiencia y legitimidad de la política pública que se pretende formular”. Además, destacó que “nuestra participación como órgano constitucional encargado de dirigir la investigación del delito y ejercer la acción penal, resulta coherente con la necesidad de asegurar que cualquier proceso de formalización minera se fundamente en la legalidad, la transparencia institucional y la sostenibilidad del Estado de derecho”.
Frente a estos señalamientos, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, rechazó que exista un conflicto con la Fiscalía. Según explicó, “no era el momento adecuado” para invitar a la titular del Ministerio Público debido a la naturaleza de la agenda que se abordó en la primera reunión.
