El Colegio de Abogados de Arequipa presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) para que se declare inconstitucional el Decreto de Urgencia N° 013-2024, emitido por el Ejecutivo en septiembre pasado para apoyar financieramente a Petroperú. El objetivo, según el recurso, es evitar que se “instaure un régimen permanente de subsidio estatal vía decreto” para la empresa estatal petrolera.
El expediente, ingresado al TC el pasado 7 de julio, cuestiona que el DU no cumple con los requisitos de “excepcionalidad y necesidad” establecidos por la Constitución. El recurso argumenta que no existía una emergencia imprevisible cuando se emitió la norma, ya que no se reportaba un riesgo real de desabastecimiento de combustibles.
“Permitir que se emitan DU en casos de problemas estructurales equivaldría a convalidar una urgencia gubernamental autoinducida. No es admisible que se opte repetidamente por la vía excepcional en lugar de encarar soluciones legislativas o administrativas de fondo a tiempo. Lo estructural no puede convertirse en excepcional por mera acción discursiva”, señala la demanda.
El abogado Walter Gutiérrez, quien lidera el equipo que sustenta el recurso, declaró a Gestión que no se respetaron los filtros que debieron validar el decreto. “Esta situación debió ser, primero, controlada por el propio Ejecutivo ( … ) El segundo filtro es el Congreso de la República, porque la propia Constitución, señala que este tipo de normas son evaluadas por el Parlamento, pero no lo hizo. El tercer y último filtro es el TC, y ahí es donde estamos ahora”, afirmó.
El abogado constitucionalista Luciano López coincidió en que la demanda podría prosperar. “Definitivamente el DU, en mi opinión, es inconstitucional porque no supera algunos requisitos que la propia jurisprudencia del TC ha establecido. Concretamente, los de excepcionalidad y transitoriedad”, remarcó.
Desde una perspectiva económica, el exministro de Economía, David Tuesta, respaldó la demanda. «Las urgencias son cosas que no se pueden prever, como las pandemias o terremotos. Pero el asusto con Petroperu es ese salvataje (el de setiembre de 2024), como los anteriores no son urgentes, requieren cambios estructurales.»
Por su parte, Luis Miguel Castilla, también exministro de Economía, comentó que, en caso de éxito, el Gobierno perdería su ficha más usada para «salvar» a Petroperú. «Sin embargo, ese tipo de cuestiones (apoyar a la petrolera) se podrían cuestionar aún con una ley del congreso. Es la misma lógica económica detrás que impide modificar la ley de presupuesto con un DU», manifestó.
Asimismo, Castilla sostuvo que una sentencia favorable en el TC limitaría el uso recurrente de DU como mecanismo de apoyo a Petroperú. “Una sentencia podría limitar mucho más los alcances de los DU. Eso podría limitar bastante al Gobierno, pero tomará tiempo”, indicó.
Por su lado, Tuesta se mantuvo confiado de que una ley debatida en el Congreso para Petroperu brinde mayores garantías técnicas. “Que sea legal allí no significa que darle dinero a Petroperú sea el camino para salvarlo. Recordemos que del Congreso salen leyes como la del Foncomun. No podemos santificar esa vía”, expresó.
El proceso ante el TC podría durar entre ocho meses y un año. “Los actuales magistrados en algunos casos han resuelto en 4 o 5 meses. Este recurso podría tener la misma suerte, pero dependerá de que el TC se acuerde que es el guardián constitucional, no de las leyes del Congreso o de los actos del Ejecutivo”, afirmó López.
Mientras tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció una “reestructuración financiera” para Petroperú, y el Banco de la Nación extendió hasta 2028 el plazo del préstamo de US$ 1,000 millones otorgado a la empresa estatal.
Frente a la situación financiera de Petroperú, que ya motivó la reestructuración de un préstamo del Banco de la Nación por US$ 1,000 millones, los expertos consideran que se requieren reformas profundas. Para Tuesta, dos leyes clave serían que el directorio de Petroperú deje de ser designado por mandato presidencial, y que la empresa vuelva a estar bajo el control de Fonafe. “Así tendría que ser porque Petroperú ha demostrado que no sabe qué hacer por sí sola. Hoy, el MEF y el Minem no tienen voz ni voto para tomar decisiones técnicas. Si la presidenta no quiere, no se hace nada”, lamentó.
Castilla advirtió que el MEF ya incrementó su participación en la Junta de Accionistas de Petroperú, pero sin resultados concretos. “Se suponía que eso ayudaría, que le quitaría la discrecionalidad al Minem, pero el MEF no tiene la fuerza de antes para imponer disciplina. Lo político manda hoy, por eso la reticencia a volver a Fonafe”, concluyó.
