El Congreso de la República continúa impulsando una polémica iniciativa: que el Banco de la Nación pueda comprar oro proveniente de la minería artesanal y de pequeña escala. Sin previa programación, la Comisión de Economía del Parlamento reabrió el lunes 30 de junio el debate sobre este proyecto, que ya había sido enviado a un cuarto intermedio el pasado 4 de junio. Con 15 votos a favor, la propuesta fue reincorporada en la agenda de la comisión, aunque finalmente no llegó a debatirse.
La iniciativa plantea modificar la Ley N.º 16000, que crea el Banco de la Nación, para que esta entidad pueda operar en la compra, venta, custodia y exportación de minerales, especialmente oro, proveniente de minería artesanal formalizada. Además, busca que el banco actúe como agente comercial en el mercado interno del oro, y lo exporte por cuenta propia o por encargo, bajo supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
El proyecto también establece que el Banco de la Nación implemente mecanismos de trazabilidad, control de calidad y cumplimiento de normas ambientales, tributarias y de lucha contra el lavado de activos. Sin embargo, especialistas advierten sobre los riesgos que esta medida implicaría, especialmente en relación con el comercio de oro de procedencia ilegal.
Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que el análisis debe centrarse en dos posibles escenarios. En primer lugar se debe tener en cuenta si es posible identificar la procedencia legítima del oro, entonces, el minero lo puede vender con facilidad a cualquiera. En otras palabras, no habría necesidad de que el Estado lo compre.
“Por otro lado, si el oro no tiene procedencia legítima identificable, entonces el Estado no puede comprarlo. No hay mucho más qué discutir”, indicó Macera, subrayando que no existe un espacio intermedio seguro en este tema.
En ese sentido, advirtió que convertir al Banco de la Nación en comprador y exportador de oro “es peligroso y, posiblemente, haga más grave el problema en vez de solucionarlo”. Según el economista, el mayor peligro radica en que el Estado se posicione en medio de un mercado donde opera una economía ilegal muy poderosa.
La propuesta implica «meter al Estado como actor central al medio del circuito de economía ilegal más influyente del país». A juicio de Macera, esto constituye un “sinsentido que contradice el verdadero rol del Estado”, cuya función debería ser precisamente la de fiscalizar y evitar el avance de actividades económicas ilícitas.
A pesar de las advertencias, el tema aún sigue en agenda del Congreso, dejando abierta la posibilidad de que se retome el debate en las próximas sesiones. Mientras tanto, persisten las dudas sobre la viabilidad y consecuencias de una medida que podría implicar la intervención directa del Estado en uno de los sectores más sensibles y riesgosos de la economía nacional.
