Especialistas advierten que aceptar las demandas empresariales para mayores pagos a generadoras podría incrementar riesgos en el sector energético. Conoce los posibles impactos.
Actualmente, dentro del Perú, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), ha implementado un proceso que podría afectar a algunos actores, ya que podría acarrear consecuencias en el sistema eléctrico. En este caso, el sistema consiste en asegurar el cálculo del Factor de Referencia de Contratación (FRC), con la finalidad de transportar gas natural destinado al consumo de plantas termoeléctricas.
Asimismo, en nuestro país la producción eléctrica bajo la modalidad de térmicas a gas es el segundo flanco de la generación después de las energías hidroeléctricas. Sin embargo, también es importante reconocer que en el Perú también existen las energía renovables no convencionales, las cuales en abril alcanzaron un uso del 15,28%, de acuerdo con el Comité de Operación Económica de Sistema Eléctrico Interconectado (COES).
Una regulación que genera controversia
Según las nuevas disposiciones, las compañías del sector eléctrico deberán asumir aproximadamente dos tercios de los gastos relacionados con el transporte del combustible. Esta cifra representa un incremento significativo en los costos operativos que las empresas deberán absorber.
La resolución, que tendrá vigencia desde mayo de 2025 hasta abril de 2029, forma parte de un proceso regulatorio más amplio iniciado por Osinergmin el año pasado. Sin embargo, la implementación de estas medidas ha generado resistencia y múltiples cuestionamientos por parte de los operadores del mercado.
Durante el período de consulta pública establecido para evaluar posibles modificaciones a esta normativa, numerosas empresas del sector presentaron observaciones formales y solicitaron la revisión de varios aspectos de la regulación propuesta.
La medida ha creado un ambiente de incertidumbre en el mercado energético, donde las compañías expresan preocupación por el impacto financiero que estas nuevas obligaciones contractuales podrían tener en sus operaciones futuras.
Enfoque en «división» y «cuestionamiento» vs «polémica»
La Sociedad Peruana de Hidrocarburos ha liderado la oposición a las recientes disposiciones, argumentando que la metodología utilizada para calcular las tarifas de transporte presenta deficiencias técnicas fundamentales. Esta organización empresarial sostiene que las nuevas reglas comprometen la seguridad del abastecimiento eléctrico y podrían desencadenar un proceso de encarecimiento generalizado del combustible.
Según representantes del gremio, la implementación de un factor de recuperación de costos más elevado incrementa significativamente el riesgo de desabastecimiento. La organización advierte que las plantas de generación podrían enfrentar escenarios donde la falta de contratos de gas las obligue a recurrir a alternativas más costosas, como la generación con diésel, lo que elevaría los precios de producción y aumentaría la probabilidad de cortes en el suministro.
Desde el Ministerio de Energía y Minas, las autoridades mantienen una posición contraria. El exministro Luis Espinoza ha señalado que atender las demandas del sector privado implicaría elevar el factor de recuperación de costos desde el 66% actualmente propuesto a niveles superiores. Sin embargo, según la cartera ministerial, implementar tal modificación contradiría los objetivos de Osinergmin de garantizar la disponibilidad del combustible.
En declaraciones recientes, funcionarios del sector energético han explicado que las nuevas regulaciones buscan crear un equilibrio entre la sostenibilidad financiera del sistema y la continuidad del servicio. Desde esta perspectiva, las medidas representan un ajuste necesario para modernizar el marco regulatorio y adaptarlo a las condiciones actuales del mercado.
Enfoque en la absorción de costos
Las compañías que operan plantas de generación térmica se ven obligadas a internalizar los incrementos en los gastos de transporte de combustible, ya que el marco regulatorio actual no permite que estos sobrecostos sean transferidos a los consumidores finales a través del sistema tarifario. Esta limitación estructural coloca a las empresas en una posición financiera comprometida.
El esquema tarifario vigente únicamente reconoce como recuperables los gastos de naturaleza variable, excluyendo conceptos como el transporte del gas natural. Esta distinción obliga a las plantas térmicas a cargar con gastos fijos adicionales, lo que según analistas del mercado, incrementa la rigidez de sus operaciones y debilita su posición competitiva frente a tecnologías alternativas de generación, incluyendo fuentes hidroeléctricas, eólicas y fotovoltaicas.
La transformación del marco regulatorio encuentra su sustento legal en una decisión judicial del máximo tribunal constitucional emitida en 2021, que sustituyó el modelo anterior de declaración de gastos para el aprovechamiento del gas natural. Esta resolución estableció que la determinación del factor de recuperación debe basarse en criterios que la autoridad regulatoria considere adecuados para el reconocimiento de costos fijos en las instalaciones de generación térmica, evitando así complicaciones sistémicas de mayor envergadura.
