Una reciente ofensiva del Comando Unificado, desplegado en la provincia liberteña de Pataz, ha provocado pérdidas económicas que ascienden a S/186 millones para las organizaciones vinculadas a la minería ilegal. Este resultado se obtuvo tras una serie de operativos conjuntos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público, donde se procedió a la destrucción sistemática de infraestructura minera no autorizada, incluidas bocaminas, campamentos improvisados y maquinaria especializada.
La intervención responde a una situación crítica que se viene agravando desde 2023, cuando comenzaron a operar bandas delictivas asociadas a esta actividad ilegal, las cuales han venido generando ataques constantes contra la empresa minera Poderosa. Esta empresa, una de las más importantes de la zona, ha registrado en el primer semestre de 2024 pérdidas superiores a los US$300 millones debido a sabotajes, robos y tomas violentas de sus concesiones, lo que evidencia el alto grado de inseguridad que impera en la zona.
Además, se ha identificado la existencia de al menos 450 bocaminas operando al margen de la ley, muchas de ellas registradas de forma irregular en el Reinfo, lo que permite a sus operadores adquirir insumos y explosivos sin mayor fiscalización. Esta condición ha alimentado un ciclo de violencia que incluye asesinatos en socavones, destrucción de infraestructura eléctrica y enfrentamientos armados en diversas localidades del corredor minero.
Si bien la intervención del Comando Unificado representa un avance significativo en el control de la minería ilegal en Pataz, el panorama sigue siendo complejo. La solución de fondo requerirá un enfoque integral que combine acción militar sostenida, reformas institucionales y control riguroso sobre los permisos y el uso de insumos mineros.
