El auge de la extracción de oro vinculada al narcotráfico en Ecuador agrava la crisis ambiental y social, mientras el Gobierno plantea un tributo que genera preocupación entre los operadores legales.
La minería ilegal en Ecuador ha escalado hacia un fenómeno más complejo: la narcominería. Esta práctica, impulsada por organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico, se ha expandido rápidamente en regiones como Azuay, El Oro, Napo y zonas de frontera, donde los controles estatales son más débiles. Las bandas operan mediante concesiones dudosas, empresas fachada y exportaciones no reguladas, usando el oro como herramienta de lavado de dinero.
De acuerdo con estimaciones oficiales, más de 1,300 millones de dólares en oro ilegal habrían salido del país en los últimos años. Esta actividad no solo representa un grave problema de evasión fiscal, sino que está dejando una profunda huella ambiental. El uso de maquinaria pesada, junto con sustancias como el mercurio y el cianuro, ha contaminado fuentes hídricas, afectado áreas forestales y puesto en riesgo la salud de comunidades amazónicas y campesinas.
En medio de esta crisis, el Gobierno ecuatoriano ha planteado la creación de una nueva tasa para la minería como parte de su estrategia para combatir la ilegalidad. Sin embargo, esta medida ha sido duramente cuestionada por el sector formal, que advierte que un aumento en los costos operativos podría desincentivar la inversión privada y no resolver el problema de fondo. La industria minera legal insiste en que se requiere, en cambio, una mejor fiscalización, catastro actualizado y políticas diferenciadas entre lo legal y lo ilegal.
