El Estado intensifica su presencia en la provincia de Pataz, La Libertad, con más de 420 operativos entre enero y mayo de 2025. La medida busca recuperar el control territorial frente a la minería ilegal, el crimen organizado y la violencia que afecta a empresas y comunidades.
En un esfuerzo sostenido por recuperar el control territorial en la región norte del país, el Gobierno del Perú ha ejecutado más de 420 operativos contra la minería ilegal en la provincia de Pataz, ubicada en la región La Libertad, durante los primeros cinco meses de 2025. Esta respuesta forma parte de una estrategia integral que involucra a la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público, con el respaldo de un estado de emergencia aún vigente.
La minería ilegal en Pataz no solo genera graves impactos ambientales, sino que ha alimentado el crecimiento de estructuras criminales organizadas, asociadas con extorsión, tráfico de armas, secuestros y asesinatos. En abril de este año, la violencia alcanzó un punto crítico con el asesinato de 13 trabajadores de seguridad vinculados a una empresa minera formal, y con atentados contra torres de alta tensión que afectaron el suministro eléctrico en zonas estratégicas.
Los operativos realizados han permitido identificar y destruir equipos utilizados para la extracción ilegal, tales como dragas, bombas hidráulicas, motobombas, generadores y otros insumos. Asimismo, se han detectado decenas de bocaminas clandestinas operando en quebradas y cerros de difícil acceso, muchas de las cuales funcionan sin ningún tipo de control técnico ni ambiental.
Las autoridades han reiterado que estas acciones no están dirigidas contra la minería artesanal en proceso de formalización. Por el contrario, solo se permite el reinicio de actividades a los mineros formalizados bajo el registro del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), y en estricta coordinación con los organismos de fiscalización.
En paralelo, el Gobierno ha subrayado la necesidad de adoptar un enfoque de más largo plazo, que no se limite a la interdicción. Por ello, se evalúa implementar medidas complementarias como:
- Planes de formalización acelerada y con enfoque territorial
- Establecimiento de mecanismos de trazabilidad del oro
- Promoción de actividades económicas alternativas sostenibles
- Refuerzo de las capacidades logísticas, técnicas y legales del Estado en zonas de conflicto minero
La provincia de Pataz es un territorio con alto potencial minero, donde operan empresas formales de gran escala, pero que desde hace varios años enfrenta una creciente presión de grupos ilegales. La minería informal y criminal ha erosionado la gobernabilidad local, ha puesto en riesgo la vida de trabajadores y pobladores, y ha alimentado una economía paralela basada en la ilegalidad.
Desde el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, se ha informado que los operativos continuarán mientras el estado de emergencia esté vigente, y que se mantendrá la vigilancia militar y policial en puntos críticos, priorizando la protección de los derechos humanos y la coordinación con autoridades locales.
La intervención en Pataz representa, según analistas del sector, un caso emblemático de los desafíos de seguridad que enfrenta la minería en el Perú, y de la urgencia de reformular las políticas públicas hacia un equilibrio entre el desarrollo económico, la legalidad y la paz social.
