El avance descontrolado de la minería ilegal está elevando los costos operativos, reduciendo márgenes y generando nuevos riesgos que afectan la salud financiera de las grandes empresas del sector.
El crecimiento de la minería ilegal en el Perú no solo ha encendido las alarmas por su impacto ambiental y social, sino que ahora también compromete directamente la sostenibilidad financiera de las empresas formales. Las compañías legalmente constituidas enfrentan una competencia desleal que las obliga a asumir mayores costos operativos, destinados a reforzar medidas de seguridad, protección ambiental y relaciones comunitarias en zonas de alta informalidad.
Este escenario está forzando a las mineras formales a invertir más recursos en monitoreo, trazabilidad y cumplimiento normativo para diferenciar su producción de aquella que proviene de actividades ilegales. Además, los constantes conflictos sociales en regiones con alta concentración de minería informal dificultan la continuidad de las operaciones, generan paralizaciones y debilitan los ingresos proyectados.
Como resultado, las mineras ven afectada su rentabilidad y podrían enfrentar cuestionamientos sobre su capacidad financiera en el mediano plazo. La presión que genera la minería ilegal ya no se limita a aspectos regulatorios o reputacionales; ahora también representa un riesgo económico concreto que amenaza con modificar el perfil crediticio de las compañías más importantes del país.
