La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó su preocupación ante el Congreso por la falta de claridad, límites y exigencias en el nuevo Registro Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Renapmat), parte del proyecto de Ley MAPE. La entidad advierte que estas falencias podrían institucionalizar la informalidad y obstaculizar la lucha contra la minería ilegal en el país.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) emitió un pronunciamiento crítico sobre el contenido del predictamen de la nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Ley MAPE), actualmente en revisión en el Congreso de la República. La institución manifestó su preocupación por la creación del Registro Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Renapmat), que, según sostiene, presenta vacíos normativos graves que podrían ser aprovechados por operadores ilegales
Uno de los principales cuestionamientos se centra en que el Renapmat no establece un plazo límite para que los mineros inscritos cumplan con los requisitos exigidos por la normativa vigente. Esto implicaría que, una vez registrados, podrían continuar operando indefinidamente sin formalizarse, lo que en la práctica perpetuaría un sistema de minería informal e incluso ilegal con respaldo estatal indirecto.
“La falta de plazos y criterios claros convierte al Renapmat en una suerte de ‘refugio legal’ para quienes desarrollan actividades mineras al margen de la ley. Esto repite los errores del Reinfo, que terminó siendo un canal de protección para operaciones sin sustento legal ni técnico”, alertó la SNMPE en su pronunciamiento.
La SNMPE presentó ocho observaciones específicas al predictamen, entre las que destacan:
- Carencia de límite de tiempo para acreditar requisitos en el Renapmat, lo que prolongaría la informalidad.
- Creación de una nueva figura de “minero tradicional”, sin marco legal ni documentación que respalde sus derechos o trayectoria, lo que genera un “vacío verificable”.
- Exoneración de responsabilidad penal para quienes operen sin concesión o sin instrumentos ambientales aprobados, si están inscritos en el nuevo registro.
- Propuesta de servidumbre minera sin concesión, contraviniendo el artículo 66 de la Constitución que exige título habilitante.
- Imprecisiones tributarias que permitirían comercializar mineral sin trazabilidad, abriendo las puertas al lavado de oro y otros metales ilegales.
- Ausencia de mecanismos de fiscalización ambiental eficientes en zonas con alta conflictividad o explotación descontrolada.
- Riesgos de duplicación de funciones entre entes públicos, lo que generaría trabas para la fiscalización efectiva.
- Falta de articulación con las concesiones mineras formales existentes, lo que podría generar superposiciones y conflictos sociales.
La SNMPE también se manifestó en contra del artículo 21 del predictamen, que impide sancionar a quienes incurran en actividades ilegales mientras estén inscritos en el Renapmat. Este punto, según la institución, va directamente en contra de los principios de legalidad y rendición de cuentas.
Las observaciones del gremio empresarial se suman a otras críticas técnicas y políticas, lo que llevó al Congreso a enviar el proyecto a cuarto intermedio durante la última sesión de la Comisión de Energía y Minas. Se espera que este tiempo adicional sea usado para revisar, corregir y consensuar una versión de la ley que permita realmente una formalización responsable y sostenible del sector.
La SNMPE reiteró que está a favor de la formalización minera artesanal y de pequeña escala, pero considera que esta debe darse dentro de un marco técnico, ambiental y legal riguroso. “La formalización no puede convertirse en un pretexto para legalizar la ilegalidad”, concluyó.
Actualmente, más de 50 mil operadores se encuentran en proceso de formalización minera en el Perú, una cifra que crece anualmente. Para el gremio, aprobar una ley con debilidades estructurales solo agravaría el problema de la informalidad y perjudicaría tanto a los mineros responsables como al desarrollo del país.
