Durante la sesión del 3 de junio, la Comisión de Energía y Minas del Congreso decidió postergar la aprobación del predictamen de la nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) debido a observaciones de congresistas de diferentes bancadas, quienes advirtieron que la iniciativa, tal como está formulada, podría debilitar la fiscalización, ampliar las brechas de informalidad e incluso legitimar prácticas ilegales.
La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República resolvió enviar a cuarto intermedio el predictamen de la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), tras recibir una ola de críticas y objeciones durante el debate del martes. Esta propuesta legislativa busca actualizar el marco normativo que rige a la minería en pequeña escala, un sector que involucra a más de 500 mil personas en todo el país, especialmente en regiones como Puno, Madre de Dios, Arequipa, La Libertad y Piura.
El predictamen fue impulsado por el congresista Paul Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial), presidente de la comisión, quien argumentó que esta nueva normativa pretende formalizar de manera definitiva a los trabajadores de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), promoviendo un enfoque social, ambiental y productivo. Asimismo, subrayó que el proyecto busca sustituir al actual proceso de formalización vigente mediante el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), que ha sido ampliamente criticado por su ineficiencia y por perpetuar la informalidad.
A pesar de los objetivos declarados por el presidente de la comisión, varios congresistas manifestaron su preocupación por aspectos puntuales del proyecto. La vicepresidenta de la comisión, Diana Gonzales (Avanza País), cuestionó que el predictamen no recoge adecuadamente las recomendaciones técnicas del Ministerio de Energía y Minas (Minem), y consideró que el texto actual representa una versión “recargada” del Reinfo, sin correcciones sustanciales.
“No podemos permitir que la norma permita que continúe la informalidad o, peor aún, legalice la ilegalidad”, advirtió Gonzales, al referirse a la creación de una nueva categoría llamada “minería tradicional”, que considera innecesaria y peligrosa si no está claramente definida.
Por su parte, la congresista Nilza Chacón (Fuerza Popular) también expresó su preocupación, en especial sobre el debilitamiento del sistema de interoperabilidad en el control de explosivos. Según explicó, esta modificación pondría en riesgo la trazabilidad de estos insumos sensibles, abriendo la puerta al uso irregular por parte de actores ilegales.
A las críticas se sumaron otras voces que solicitaron mayor claridad sobre los criterios de formalización, el marco ambiental, los derechos laborales de los pequeños mineros y la necesidad de mecanismos más estrictos para evitar que mafias mineras aprovechen la norma para blanquear sus actividades.
Frente a los cuestionamientos, el congresista Paul Gutiérrez defendió el predictamen asegurando que la propuesta no busca dar amnistía a la minería ilegal, sino construir un puente realista hacia la formalidad. Añadió que el objetivo central es brindar herramientas normativas que permitan al pequeño minero salir de la informalidad mediante mecanismos técnicos y de acompañamiento por parte del Estado.
“Tenemos más de 500 mil peruanos que se dedican a la MAPE. No estamos premiando la ilegalidad, estamos intentando integrar a quienes hoy no tienen oportunidades ni seguridad”, afirmó el legislador.
La decisión de enviar el texto a cuarto intermedio implica que el predictamen será revisado, corregido y debatido nuevamente en una próxima sesión de la comisión. Sin embargo, al encontrarse el Congreso a pocas semanas del cierre de la legislatura, el tiempo para su eventual aprobación en el Pleno es limitado.
La MAPE representa uno de los principales desafíos para la gobernanza minera en el Perú. Aunque constituye una fuente de ingresos para miles de familias en zonas rurales, también ha estado vinculada a actividades informales, impactos ambientales graves y problemas de seguridad. La falta de un marco legal integral ha contribuido a que esta modalidad de minería funcione al margen de las instituciones.
Por ello, diversos gremios, expertos en derecho minero y organizaciones sociales han insistido en la necesidad de una ley moderna, inclusiva y con enfoque territorial. No obstante, el actual predictamen todavía deja espacios grises que podrían ser aprovechados por actores ilegales, según alertan los críticos.
