El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) suspendió la ejecución del laudo que ordenaba al Perú pagar US$ 302 millones a Enagás, tras la solicitud de anulación presentada por el Estado peruano debido a la exclusión de pruebas clave sobre presuntas irregularidades en la adjudicación del proyecto.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, suspendió la ejecución del laudo arbitral que ordenaba al Estado peruano pagar US$ 302 millones a la empresa española Enagás, por el caso del Gasoducto Sur Peruano (GSP).
La medida responde a una solicitud formal de anulación presentada por el Estado peruano el pasado 30 de mayo, a través de la Comisión Especial que representa al país en controversias internacionales de inversión. Esta comisión fue asistida por el estudio jurídico internacional Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, especializado en arbitrajes de alto nivel.
Según el MEF, el laudo emitido el 20 de diciembre de 2024 presenta omisiones sustanciales en la evaluación de pruebas, particularmente aquellas que documentaban irregularidades cometidas en el proceso de adjudicación del proyecto GSP al consorcio integrado por Enagás y Odebrecht. Estas evidencias, argumenta el Estado peruano, debieron ser consideradas para una decisión justa y equilibrada en el arbitraje.
Antes de la suspensión, el CIADI accedió a una solicitud de Enagás y el 23 de mayo emitió una rectificación del laudo inicial, incrementando la indemnización a US$ 302 millones (respecto a una cifra anterior), al ajustar el cálculo de daños conforme al porcentaje accionario real de Enagás en el proyecto.
El Estado peruano expresó su disconformidad con esta modificación, reiterando que el arbitraje no tomó en cuenta información crucial sobre los vínculos entre Enagás y Odebrecht durante la ejecución del contrato, ni los hallazgos de las investigaciones nacionales por corrupción.
El Gasoducto Sur Peruano fue un megaproyecto de infraestructura energética adjudicado en 2014 al consorcio GSP, que posteriormente fue cancelado en 2017 debido al incumplimiento de condiciones financieras por parte del concesionario, tras revelarse los vínculos de Odebrecht con el caso Lava Jato. A raíz de esta cancelación, Enagás inició un proceso arbitral contra el Estado peruano reclamando una compensación por inversiones no recuperadas.
Con la notificación del CIADI emitida el 2 de junio de 2025, se oficializa la suspensión del laudo arbitral, mientras se analiza la solicitud de anulación. Este proceso podría tomar varios meses e incluir audiencias adicionales. La suspensión evita que Enagás pueda iniciar mecanismos de ejecución del fallo mientras dure la revisión.
El Gobierno peruano ha reiterado su compromiso de proteger los intereses del Estado y actuar con transparencia en defensa del uso de recursos públicos, remarcando que no se oponen a la inversión extranjera, pero sí a que esta se sostenga en prácticas irregulares o perjudiciales para el país.
“La defensa legal del Perú continuará con firmeza. Buscamos que se garantice un debido proceso, con la consideración integral de todas las pruebas, y que se corrijan decisiones arbitrales que puedan vulnerar los principios de justicia”, señaló el MEF en un comunicado oficial.
