El Ejecutivo expresa preocupación por operaciones no formalizadas que crecen en zonas con minería legal, generando conflictos y afectando la gobernanza del sector.
El Gobierno peruano ha reconocido oficialmente la presencia de minería informal de cobre a gran escala, una actividad que podría intensificarse debido a los elevados precios internacionales del metal, según informó el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero. La principal inquietud radica en las operaciones no reguladas que surgen en áreas donde ya existen actividades mineras legales, como en la zona de influencia de la mina Las Bambas, gestionada por la empresa china MMG.
Montero destacó que la operación informal más significativa identificada es la denominada Apu Chunta, desarrollada por la comunidad indígena de Pamputa. Esta actividad extrae aproximadamente 30,000 toneladas métricas de cobre al año, con un valor cercano a los 300 millones de dólares según los precios actuales.
Asimismo, la comunidad posee la propiedad de la tierra, los derechos sobre el mineral corresponden legalmente a Las Bambas, que planea desarrollar una mina a cielo abierto en la zona para la próxima década, lo que implicaría la compra de esos terrenos.
De igual manera, este caso ejemplifica una problemática creciente en el país, donde los conflictos entre comunidades propietarias de tierras y empresas titulares de concesiones mineras se han intensificado. El ministro subrayó el reto estatal de equilibrar el desarrollo sostenible del sector con la protección de los derechos sociales y ambientales.
Por otro lado, Perú, como tercer productor mundial de cobre y líder en oro en Sudamérica, enfrenta una presión creciente por la minería informal, especialmente en territorios con alta conflictividad. Miles de mineros informales operan en terrenos sin concesión, afectando proyectos de grandes compañías como Southern Copper Corporation, First Quantum Minerals y Teck Resources.
Aunque la minería informal de cobre representa una porción menor frente a la producción formal, su expansión descontrolada podría desestabilizar el sector en los próximos años, advirtió Montero. La situación plantea desafíos complejos para la regulación, formalización y gobernanza de uno de los pilares económicos del país.
