Cinco iniciativas mineras estratégicas reciben acompañamiento técnico en la elaboración de sus estudios de impacto ambiental, promoviendo sostenibilidad y participación ciudadana.
El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) acompaña técnicamente la elaboración de 44 estudios ambientales, incluyendo estudios de impacto ambiental detallados (EIA-d) y sus respectivas modificaciones (MEIA-d), correspondientes a proyectos de inversión en sectores clave del país. Entre ellos, destacan cinco importantes iniciativas mineras que se encuentran en distintas etapas de preparación de sus estudios ambientales.
Los proyectos mineros acompañados por el Senace corresponden a las siguientes operaciones: la quinta modificación del EIA-d de Minera Quellaveco (Moquegua), la tercera modificación del estudio de Minera Lagunas Norte (La Libertad), la MEIA-d de Cobriza (Huancavelica), así como los EIA-d de Los Calatos (Moquegua) y de la etapa de explotación del proyecto Katy (Apurímac). Todos estos reciben asesoría técnica por parte del Senace en la etapa de formulación, lo que contribuye a elevar la calidad técnica de los documentos y garantiza el cumplimiento de los estándares ambientales vigentes.
Estas cinco iniciativas forman parte de un conjunto más amplio de estudios ambientales en proceso, que abarcan proyectos en 20 regiones del país. En el ámbito minero, el acompañamiento no solo se centra en el rigor técnico de los estudios, sino también en la promoción de mecanismos participativos que permitan involucrar activamente a las comunidades locales en todo el proceso.
El sistema de certificación ambiental aplicado por el Senace se desarrolla en tres fases: previa, durante y posterior a la elaboración del estudio. En cada una, se fomenta la participación ciudadana mediante talleres, reuniones informativas y espacios de consulta, con el fin de garantizar transparencia, prevenir conflictos socioambientales y legitimar las decisiones técnicas adoptadas.
A través de este enfoque integral, se busca consolidar un marco de desarrollo minero sostenible que armonice los intereses de inversión con la protección ambiental, el respeto a las comunidades y el fortalecimiento de la relación entre el Estado, las empresas y la población.
