Perupetro informó que Cusco, Piura, Loreto, Tumbes, Ucayali y Puerto Inca fueron las regiones beneficiadas con estos recursos, destinados a obras de infraestructura, servicios básicos e inversión en investigación científica y tecnológica.
Entre enero y abril de este año, las regiones productoras de hidrocarburos en el Perú recibieron un total de S/ 836 millones por concepto de canon y sobrecanon, de acuerdo con información oficial proporcionada por Perupetro S.A., entidad estatal encargada de la promoción, contratación y supervisión de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el país.
El departamento de Cusco lidera la lista de regiones beneficiadas, con un monto de S/ 568 millones, reflejo de su significativa producción de gas natural. Le siguen Piura con S/ 117 millones, Loreto con S/ 91 millones, Tumbes con S/ 34 millones, Ucayali con S/ 23.6 millones y la provincia de Puerto Inca, en la región Huánuco, con S/ 2.3 millones.
Este mecanismo de distribución de ingresos tiene como finalidad garantizar que las regiones productoras puedan invertir en infraestructura, servicios públicos, desarrollo social, educación e investigación, en beneficio directo de la población local.
Desde la implementación del canon de hidrocarburos en 1993, el Perú ha transferido más de S/ 44,830 millones a las regiones beneficiarias, convirtiéndose en una herramienta clave para el desarrollo regional y la descentralización económica.
El canon representa el 50% del Impuesto a la Renta pagado por las empresas que operan en el sector de hidrocarburos. Este monto es distribuido por el Gobierno central a los gobiernos regionales, locales y universidades públicas de las zonas donde se extraen los recursos.
Según la legislación vigente, el uso de estos recursos debe priorizar el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos y obras de infraestructura con impacto regional o local, así como la inversión productivaque garantice el desarrollo sostenible de las comunidades. En el caso de las universidades e institutos superiores, el canon debe destinarse exclusivamente a investigación científica y tecnológica.
Desde el Estado se insiste en la importancia de que los recursos del canon se utilicen de manera eficiente, transparente y con impacto real en la calidad de vida de las poblaciones involucradas, muchas de las cuales enfrentan aún importantes brechas en servicios básicos y oportunidades económicas.
