La caída en las expectativas del sector extractivo se agrava por conflictos sociales, señales políticas poco claras y una creciente percepción de riesgo entre los inversionistas.
Durante abril, el sector de minería e hidrocarburos experimentó un deterioro en sus perspectivas económicas, con una disminución notable del optimismo en casi todos los indicadores evaluados. De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), las proyecciones a corto y mediano plazo cayeron al rango pesimista, marcando una tendencia preocupante para la industria.
En contraste con este panorama, otros sectores como la manufactura, la construcción y el comercio exhibieron una evolución más favorable, con indicadores que incluso superaron el umbral positivo (más de 50 puntos), evidenciando una percepción optimista para los próximos meses.
Este comportamiento podría estar relacionado con las declaraciones previas del entonces titular del Ministerio de Economía y Finanzas, José Salardi, quien había anticipado un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) cercano al 4% para este año. Sin embargo, la actual situación del sector minero y de hidrocarburos parecería contradecir esas expectativas.
Asimismo, la visión de los actores del propio sector para los próximos tres meses permaneció en zona negativa, alcanzando los 45.2 puntos. Otros indicadores también revelaron una caída en la confianza, tanto en el horizonte de tres como de doce meses, afectando directamente las decisiones de inversión y expansión.
Fuerte clima de incertidumbre
El sector de hidrocarburos atraviesa un momento complejo, especialmente por la caída en la confianza empresarial. Con inversiones comprometidas por más de 5,500 millones de dólares, diversos factores han contribuido a esta situación, entre ellos la inestabilidad política y señales regulatorias poco claras. Así lo advirtió Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH).
Aunque la incertidumbre política ha sido una constante en las decisiones del sector, la cercanía del proceso electoral del 2026 incrementa la sensación de inseguridad, al no existir definiciones claras sobre el rumbo que tomará el país en los próximos años.
El sector también se ha visto afectado por una acumulación de normas y regulaciones contradictorias, que terminan generando desconfianza y alejando nuevas inversiones.
Uno de los elementos que ha intensificado la preocupación es la resolución reciente del Osinergmin sobre la revisión tarifaria de Promigas, empresa dedicada a la distribución de gas natural. Esta medida ha llevado a la empresa a iniciar un proceso de arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
A esto se suma la modificación del Factor de Retribución Económica (FRC), que incide directamente en los pagos realizados por el uso de infraestructura para transportar gas natural. Esta decisión ha generado temor en el sector, especialmente en el sur del país, donde la estabilidad de las inversiones se percibe más vulnerable.
Ruido político y regulatorio generan trabas
La reciente decisión del Congreso de rechazar la implementación de una tarifa única para el gas natural a nivel nacional ha generado inquietud, especialmente en regiones fuera de Lima y Callao, donde se teme que continúe la desigualdad en los costos del servicio.
Otro factor que alimenta el escepticismo es la incertidumbre en torno a Perupetro, la entidad responsable de impulsar inversiones en el sector y asignar los lotes petroleros. La controversia en torno a la licitación de los lotes V y VI, donde uno fue anulado y el otro sigue en evaluación, ha generado suspicacias sobre todo por un posible trato preferencial hacia Petroperú.
Esta desconfianza creciente podría afectar el desarrollo de proyectos clave vinculados al gasoducto del sur o a la industria petroquímica, áreas que requieren grandes inversiones financiadas exclusivamente por el sector privado.
Si bien el país mantiene reservas de gas natural suficientes para abastecer la demanda durante los próximos 15 años, el panorama actual carece de nuevas iniciativas de exploración, lo que limita la sostenibilidad del sector a largo plazo.
La falta de condiciones propicias para relanzar la exploración preocupa a expertos del sector, quienes destacan que se trata de procesos que implican grandes montos de inversión y largos plazos, sin garantía de éxito. Por ello, advierten que seguir postergando decisiones estratégicas solo profundiza los problemas.
Inseguridad y violencia limitan recuperación minera
En cuanto a la minería, el exministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, señaló que uno de los factores determinantes en el deterioro de las expectativas es la violencia contra las operaciones legales en el sector.
Desde diciembre de 2023, se han registrado repetidos atentados contra empresas mineras en zonas como Puno, lo que ha cobrado la vida de al menos 13 trabajadores. Esta situación ha obligado al Gobierno a declarar el estado de emergencia en varias áreas mineras. Sin embargo, la percepción en el sector privado es que las acciones del Estado siguen siendo insuficientes para garantizar la seguridad y reactivar la confianza.
La situación actual está provocando una sensación de falta de respaldo estatal hacia la minería, involucrando no solo al Poder Ejecutivo sino también al Congreso de la República. Los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, están a la espera de una resolución clara de esta coyuntura, según Incháustegui.
Este no es el único desafío. Similar a lo que ocurre con los hidrocarburos, la incertidumbre política representa un motivo de preocupación ante las próximas Elecciones 2026.
Ante la proximidad de un nuevo periodo electoral, la fragmentación del panorama político, con más de 40 partidos registrados, genera inquietud sobre posibles modificaciones en las condiciones para las inversiones.
En este contexto, se percibe una detención de decisiones de inversión, como en los casos de Zafranal y Yanacocha Sulfuros. Si bien la cartera de proyectos mineros es extensa, el exministro señaló que la mayoría de los proyectos en curso son ampliaciones de minas ya existentes y no nuevos desarrollos.
