La decisión del Gobierno de suspender todas las operaciones mineras en Pataz, Parcoy y Tayabamba genera preocupación en el gremio minero-energético, que advierte graves impactos económicos, sociales y operativos en la región.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó su profunda preocupación ante la reciente decisión del Ejecutivo de paralizar todas las actividades mineras en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, en La Libertad. Esta medida, que afecta incluso a las empresas formales que operan bajo el marco legal vigente, podría provocar daños significativos en la infraestructura minera, la economía regional y el entorno social, según indicó el gremio.
“Una unidad de producción minera no puede detenerse, operativamente hablando, de golpe. Esto implica un riesgo, por ejemplo, de colapso de la presa de relaves, que debe monitorearse las 24 horas”, explicó la SNMPE, al advertir sobre los posibles efectos de cortar actividades sin permitir siquiera labores de mantenimiento mínimo.
El gremio considera que esta decisión desconoce las complejidades técnicas del sector minero y que, lejos de contribuir a recuperar el control de la zona, podría facilitar que la minería ilegal, respaldada por organizaciones criminales, tome posesión de las instalaciones formales, poniendo en mayor riesgo a las comunidades.
Asimismo, advirtió que esta paralización afectará directamente a más de 4 mil empleos formales y podría activar la figura de suspensión perfecta de labores, lo que dejaría sin ingresos a trabajadores y rompería la cadena de pagos con proveedores, contratistas y comercios locales.
En el plano económico, se estima que La Libertad perdería S/ 25 millones mensuales en ingresos por canon y regalías, y que las exportaciones del país dejarían de percibir divisas por más de US$ 80 millones al mes. Cabe recordar que esta región representa el 33 % de la producción aurífera nacional.
La SNMPE también responsabilizó al Congreso por el crecimiento de la minería ilegal, señalando que las continuas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) han servido como “una vía de encubrimiento” para operaciones ilícitas.
“El país necesita firmeza para combatir la ilegalidad, pero detener la minería formal no es el camino”, concluyó el pronunciamiento.
