El Reinfo nació como una herramienta para que los pequeños productores mineros pudieran avanzar hacia la formalización. Sin embargo, muchos de los inscritos no cumplen con los requisitos técnicos, sociales ni ambientales exigidos.
A pesar de ello, las operaciones continúan en diversas regiones sin mayores restricciones. Esta situación ha generado preocupación, especialmente en zonas como La Libertad, donde se han registrado episodios de violencia asociados a conflictos por el control de recursos.
El Congreso de la República aprobó en 2023 una extensión del Reinfo hasta junio de 2025. La decisión generó reacciones divididas. Algunos sectores del Legislativo respaldan la ampliación, argumentando que se debe dar más tiempo a los mineros para formalizarse. Por otro lado, desde el Ejecutivo se han emitido declaraciones críticas. El ministro de Trabajo señaló que esta medida solo refuerza la permanencia de operaciones informales que, en muchos casos, no tienen intención de cumplir con los requisitos del proceso.
Actualmente, en el Congreso permanece estancado un proyecto de ley que plantea cerrar definitivamente el Reinfo y reemplazarlo por un sistema con criterios más estrictos. Esta nueva propuesta busca garantizar que solo quienes cumplan con estándares técnicos y ambientales puedan operar legalmente. La ausencia de una reforma estructural alimenta la inseguridad en las regiones mineras y genera distorsiones en el mercado. Sin una normativa clara, las actividades informales seguirán afectando tanto a las comunidades locales como al desarrollo ordenado del sector.
La situación en Pataz ha puesto en evidencia la urgencia de replantear las políticas de formalización minera en el país. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán clave para recuperar el control en el territorio, fortalecer la institucionalidad y proteger a las regiones de mayor vulnerabilidad frente a las operaciones ilegales..
