Los principales proveedores de cobre refinado a Estados Unidos aseguraron que sus exportaciones fortalecen la seguridad nacional y no representan riesgos, en respuesta a una investigación impulsada por la administración Trump.
En un contexto de crecientes tensiones comerciales, los gobiernos de Chile, Canadá y Perú, tres actores clave en el suministro de cobre refinado a Estados Unidos, manifestaron formalmente su oposición a posibles medidas arancelarias impulsadas por la administración del expresidente Donald Trump.
Las tres naciones, que en conjunto representan el 94% del total de importaciones estadounidenses de cobre refinado y sus aleaciones, respondieron a una investigación iniciada bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. Esta misma legislación fue utilizada anteriormente para imponer restricciones globales al acero y al aluminio.
Chile, el mayor productor mundial del metal rojo, encabeza el suministro a EE. UU. con un 70%, seguido por Canadá con un 17% y Perú con un 7%, según datos del proveedor Trade Data Monitor (TDM).
En cartas enviadas al Departamento de Comercio estadounidense, disponibles en línea, los tres países sostuvieron que sus exportaciones no sólo no amenazan la seguridad nacional, sino que son esenciales para garantizar una cadena de suministro estable en sectores estratégicos como la construcción, tecnología y defensa.
El embajador de Chile en Washington, Juan Valdés, enfatizó en su carta del 31 de marzo que: “Las importaciones de cobre de Chile contribuyen a la seguridad de la cadena de suministro de Estados Unidos y no representan ningún riesgo para sus intereses de seguridad nacional.”
Por su parte, el gobierno de Canadá argumentó que mantener un comercio fluido del cobre refuerza la seguridad estadounidense, mientras que Perú solicitó ser excluido de cualquier medida restrictiva, alegando que sus exportaciones no implican peligro alguno.
La postura fue respaldada también por la empresa Freeport-McMoRan, una de las mineras más grandes del mundo con operaciones en EE. UU., Chile, Perú e Indonesia. Aunque la compañía podría beneficiarse directamente de aranceles, advirtió sobre efectos económicos adversos. “Una guerra comercial global podría resultar en un crecimiento económico más lento, un aumento en los costos de los insumos mineros y una reducción del flujo de caja disponible para la inversión”, advirtió Freeport en una carta dirigida a funcionarios estadounidenses.
La Cámara Chileno-Estadounidense de Comercio (AmCham) también se pronunció, indicando que imponer aranceles podría beneficiar indirectamente a China, el principal consumidor global del cobre y destino mayoritario de las exportaciones chilenas.
Hasta ahora, el gobierno estadounidense no ha revelado los resultados de la investigación, cuyo objetivo es evaluar posibles riesgos asociados al suministro internacional del mineral, en el marco de una estrategia para reducir la dependencia de potencias como China. La ley establece un plazo de 270 días para la conclusión del análisis.
