Entre 2024 y el primer trimestre de 2025, el Gobierno peruano ha intensificado sus acciones contra la minería ilegal, logrando la destrucción de bienes por un valor superior a los S/2,700 millones.
El Gobierno peruano ha intensificado sus esfuerzos para erradicar la minería ilegal, una actividad que no solo afecta la economía formal sino también el medio ambiente y la seguridad de las comunidades. Entre 2024 y el primer trimestre de 2025, se han destruido bienes vinculados a esta actividad por un valor que supera los S/2,700 millones.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, destacó que el combate contra la minería ilegal se concentra en la cadena de valor de esta actividad ilícita, lo que permitió infringir, en el 2024 y el primer trimestre del 2025, pérdidas por más de S/2,700 millones a los delincuentes que se dedican a esta actividad ilícita.
En 2024 se llevaron a cabo 745 operativos que lograron destruir materiales valorizados en más S/2,200 millones. Durante el primer trimestre de 2025, se realizaron 238 intervenciones de interdicción que permitieron la destrucción de bienes valorizados en total en más de S/546 millones.
Estas acciones contaron con la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, el Ejército del Perú y las fiscalías especializadas en materia ambiental.
El titular de la PCM también anunció que el Ejecutivo ha decidido depurar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), con el objetivo de excluir a las personas que no desarrollan estas actividades mineras o que se encuentren suspendidos. “Excluiremos a los mineros que no tengan autorización para la utilización de explosivos y a todos aquellos que hagan mal uso de su inscripción en dicho registro”, puntualizó.
Además, en la provincia de Pataz, región La Libertad, se está en proceso la instalación de una división policial, mientras que con el apoyo de la empresa privada se construyen tres puestos de vigilancia que contarán con presencia de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), la PNP, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio Público.
Estas medidas forman parte de una estrategia integral que busca no solo la interdicción de actividades ilegales, sino también la formalización minera y la promoción de actividades económicas alternativas en las regiones afectadas.
