¿Será la desregulación la solución? El gobierno peruano busca revertir las políticas de la anterior administración y atraer a los pequeños mineros a la legalidad.
En respuesta a la creciente amenaza de la minería ilegal, por el reciente y fatal ataque a la minera Poderosa en Pataz, el gobierno peruano ha puesto en marcha un ambicioso “shock desregulatorio”. Esta medida apunta a revisar y modificar normativas consideradas trabas burocráticas que dificultan la formalización de la actividad minera. Se busca una simplificación de trámites, en coordinación con la SUNAT, para hacer más atractivo y ágil el proceso de formalización, incentivando a los pequeños mineros a operar dentro del marco legal.
Ataque a Minera Poderosa
El ataque a la minera Poderosa, que resultó en la muerte de cuatro personas, ha servido como un crudo recordatorio de la violencia y el poder que ejerce la minería ilegal en ciertas regiones del país. Este incidente ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de una estrategia integral que no solo reprima la actividad ilegal, sino que también ofrezca alternativas viables para aquellos que buscan formalizarse.
¿Cómo el “Shock Desregulatorio” afrontará la minería ilegal?
Al facilitar la formalización, el “shock desregulatorio” busca privar a la minería ilegal de su principal fuente de financiamiento: la venta de minerales extraídos ilegalmente. Al simplificar los trámites y reducir los costos asociados a la formalización, se espera que un mayor número de pequeños mineros se integren a la economía formal, paguen impuestos y operen bajo estándares ambientales y laborales adecuados. Además, al trabajar en coordinación con la SUNAT, se busca fortalecer la fiscalización y el control del comercio de minerales, dificultando su comercialización.
El “shock desregulatorio” representa una apuesta audaz para enfrentar el complejo problema de la minería ilegal. Su éxito dependerá de una implementación efectiva y de la coordinación entre los diferentes actores involucrados. Si bien la desregulación por sí sola no erradicará la minería ilegal, se espera que contribuya significativamente a debilitar su poder económico y a promover una actividad minera más responsable y sostenible en el Perú.
