La Compañía Minera Poderosa denuncia un ataque más de mineros ilegales, quienes destruyeron una torre de alta tensión y causaron la muerte de un trabajador. A pesar del estado de emergencia y la presencia de fuerzas policiales y militares, la minería ilegal sigue expandiéndose con impunidad.
En la madrugada del 28 de marzo, mineros ilegales destruyeron con dinamita otra torre de alta tensión que alimenta la unidad Santa María de la minera Poderosa, ubicada en La Libertad. Este ataque dejó sin energía todas las instalaciones de la mina, tanto en superficie como en el interior. La minera señaló que «simultáneamente, los criminales lanzaron una ola de incursiones armadas con el propósito de expandir su presencia en la zona y tomar nuevas labores», lo que resultó en la muerte de un trabajador de los mineros artesanales contratados por la empresa.
La empresa también reportó que tuvo que atender a 50 trabajadores en la posta médica de Santa María, quienes fueron evacuados debido a síntomas de gaseamiento como consecuencia del ataque. Los mineros ilegales usaron la quema de llantas para apropiarse de las galerías. Este atentado es el tercer ataque contra la empresa en menos de tres meses, además de ser la decimoséptima torre de alta tensión destruida en los últimos tres años. En total, 18 colaboradores de Poderosa han perdido la vida debido a los ataques armados.
A pesar de la vigencia del estado de emergencia en la región y la presencia de más de 200 efectivos policiales y personal del ejército, la situación sigue empeorando. Poderosa denuncia que en la zona hay 25 áreas tomadas por mineros ilegales, quienes operan con total libertad e impunidad. La minera lamentó que «la PNP no responde a nuestros reiterados pedidos para ingresar a las galerías a desalojar a estos grupos criminales».
La empresa también criticó la suspensión del programa de interdicciones en la zona, que ha estado paralizado por más de seis meses. Además, señaló la permisividad en el control del transporte de mineral ilegal extraído de sus concesiones. Según la minera, más de 6,000 volquetes de mineral ilegal fueron transportados en 2024 hacia las plantas formales en la costa.
Poderosa advirtió sobre la responsabilidad del Congreso de la República, que en diciembre pasado amplió el REINFO, registro que los mineros ilegales usan para operar con total impunidad. «En los últimos meses hemos visto la proliferación de propuestas legislativas que, lejos de contribuir a fortalecer la lucha contra la minería ilegal, la debilitan», señaló la empresa. Además, destacó que la minería ilegal ha superado al narcotráfico como la principal economía ilícita del país, con ingresos de US$6 mil millones en 2024.
